La reforma que recientemente pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, busca impulsar y actualizar el sistema de contratación pública.
Entre sus principales cambios se incluyen la incorporación del principio de valor por dinero, el fortalecimiento de las contrataciones sostenibles, la promoción del gobierno abierto y la exigencia de estudios técnicos en los procesos.
Propone mejorar la fiscalización de obras, ampliar los casos especiales de arrendamiento de locales, y crea un capítulo específico para la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
“Estamos revisando todos los documentos necesarios para construir el plan de trabajo 2025–2027, en el que se incluye el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”, señaló Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, del oficialismo.
Por su parte, la asambleísta Farinango recordó que aún está pendiente el segundo debate de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, cuyo informe ya fue aprobado en comisión.
Esta normativa agrupa 25 proyectos y busca reforzar las funciones de control de entidades como las superintendencias y organismos que rigen la política monetaria y financiera, incluido el Banco Central del Ecuador.
Protege además a los usuarios del sistema financiero, define los medios de pago válidos, asegura un acceso equitativo a servicios financieros, establece un sistema de garantías crediticias y regula el manejo de datos crediticios, entre otros aspectos.
Un tercer punto que se abordará en la agenda legislativa es la reforma a la Ley que asigna rentas por la venta de energía eléctrica a ciertas provincias. El nuevo proyecto propone incluir a Santo Domingo de los Tsáchilas como beneficiaria de las regalías generadas por la hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
