Con ocho votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, en Quito, aprobó este martes, 27 de mayo, el informe para el primer debate del proyecto de «Ley de Solidaridad Nacional», también conocida como «Ley de Economías Criminales», impulsada por el presidente reelecto, Daniel Noboa.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, sometió el informe a votación tras una breve intervención de la asambleísta oficialista, Sade Fritschi. Este proyecto busca enfrentar al crimen organizado mediante la colaboración entre el Estado y el sector privado.
Desde el pasado miércoles, 21 de mayo, la comisión escuchó a ministros, juristas, empresarios y miembros de la fuerza pública, quienes compartieron experiencias sobre la lucha contra las bandas criminales. Centeno destacó que todas las propuestas y observaciones fueron procesadas en menos de una semana.
Una de las medidas clave del proyecto es permitir que las empresas privadas donen hasta el 30% de su Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos, materiales e incluso bienes inmuebles para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Estas donaciones deberán ser aprobadas por los ministerios del Interior o de Defensa, según corresponda, y su valor será verificado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para otorgar beneficios tributarios.
Pedidos de la fuerzas del orden
Entre las principales necesidades de las fuerzas del orden se mencionan: armamento, vehículos tácticos, infraestructura para unidades policiales, tecnología y drones. El proyecto también introduce medidas judiciales más severas. Entre las reformas incluidas en el informe están:
- Penalizar no solo la comisión de delitos, sino también la pertenencia a organizaciones criminales.
- Endurecer sanciones para quienes generen disturbios o actos de terrorismo en las calles.
- Asignar los casos de crimen organizado a jueces anticorrupción, descartando la creación de jueces especiales como proponía el Ejecutivo.
- Ampliar de 15 a 90 días el plazo de investigación preliminar, conforme a recomendaciones de juristas.
- Establecer penas superiores a los 25 años para quienes pertenezcan a bandas delictivas, incluso si no han cometido delitos específicos.
Estas propuestas han generado debate, especialmente por su enfoque punitivo y los cambios en el sistema judicial frente al conflicto armado interno.
El primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional se realizará este viernes, 30 de mayo, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
