En menos de 24 horas, el correísmo ha protagonizado dos enfrentamientos en las redes sociales. El primero ocurrió ayer cuando el ex presidente Rafael Correa arremetió contra el abogado de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por ser anticorreísta y ahora la ex presidenciable del correísmo, Luisa González, criticó a Sergio Peña, asambleísta de su bancada, por apoyar la ‘Ley de Solidaridad Nacional’.
Según Luisa, «El voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico no corresponde al criterio técnico, legal constitucional analizado y peor aún a la decisión tomada dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), y del movimiento, asimismo, aclaro que a los demás compañeros se les niega el derecho a la palabra».
«Estoy abriendo un puente de diálogo, no estoy actuando contrario a los intereses de la bancada. No soy correísta ni anticorreísta ni nada por el estilo. Soy un abogado en libre ejercicio con su criterio», contestó Peña en Ecuavisa a comentario de Luisa.
«Por cosas como estas, es que ganó Noboa. La verdad hoy 8pm. No estoy para chismes de cocineras ni tampoco para quedarme callado. Los personajes ‘quemados’ le hacen un gran daño al movimiento (…)», respondió a la ex presidenciable del correísmo vía X.
Con ocho votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el pasado martes, 27 de mayo, el informe para el primer debate de la ‘Ley de Solidaridad Nacional, con carácter de urgente, que se desarrollará este viernes, 30 de mayo, a las 09:00, en el Pleno de la Asamblea, en Quito.
Entre quienes respaldaron esta norma estuvieron Sergio Peña y Jesús Arias, ambos asambleístas del correísmo, mientras que, sus otros dos compañeros se opusieron a la medida del gobierno.
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
- Valentina Centeno (P) ADN7
- Diego Franco (VP) ADN7
- Steven Ordoñez ADN7
- Lenin Alejandro Lara ADN7
- Alex Moran ADN7
- Mishelle Mancheno ADN7
- Jesús Arias RC5
- Diego Salas RC5
- Sergio Peña RC5
- Mabel Mendez RC5
Peña justificó su voto a favor señalando que la comisión incorporó sus observaciones al proyecto, por lo que consideró incoherente rechazarlo. Aunque la bancada aún no ha definido una posición oficial, el parlamentario cree que no habría motivos para oponerse si se respetan sus aportes.
El asambleísta correísta también fue postulado por el oficialismo para formar parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el Comité de Ética, aunque no recibió el respaldo de su propio bloque. A pesar de eso, sostiene que actuó en coordinación con su bancada al no sufragar por sí mismo y expresó no entender por qué no fue apoyado.
Cambios a la norma
La comisión decidió suprimir el capítulo que otorgaba reconocimiento y funciones especiales al Bloque de Seguridad, luego de considerar las observaciones de expertos y parlamentarios, quienes advirtieron que dicha figura podría reemplazar al Consejo de Seguridad Pública.
Se modificó la propuesta relacionada con el reconocimiento de un conflicto armado interno. Aunque se mantiene que esta facultad recaerá en el mandatario, se establece que los decretos emitidos en este contexto no podrán incluir simultáneamente la declaración de estados de excepción.
La entidad decidió conservar en la ley el mecanismo para juzgar en una sola audiencia a miembros de organizaciones criminales, pero extendió el plazo para convocarla a 90 días, en lugar de los 15 propuestos por el Ejecutivo. Además, determinó que estos procesos estarán a cargo de jueces anticorrupción, y no de jueces especializados en conflictos armados internos, como planteaba el Gobierno.
El informe respalda la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, como lo sugirió el Ejecutivo, pero establece que en un plazo máximo de 24 horas el caso deberá ser presentado ante un juez, quien evaluará la legalidad de la intervención.
Acuerdos
La comisión reformuló la propuesta que planteaba aplicar prisión preventiva de forma automática en todos los casos vinculados al conflicto armado interno, y ahora sugiere que esta medida no se use como norma general.
En cuanto a la propuesta del presidente Noboa de conceder indultos anticipados a policías y militares procesados por acciones contra la delincuencia, la comisión la modificó para que estos indultos solo puedan otorgarse una vez concluida la investigación correspondiente.
El proyecto original contenía 32 artículos, pero la Comisión lo redujo a 14. Para la aprobación del informe, se contó con el apoyo de dos de los cuatro asambleístas del bloque correísta.
Luego de revisar las modificaciones, los parlamentarios de Pachakutik y del Partido Social Cristiano expresaron un respaldo preliminar a la iniciativa, aunque adelantaron que presentarán nuevas observaciones durante el debate previsto para este viernes, 30 del presente mes.
Pedidos de la fuerzas del orden
Entre las principales necesidades de las fuerzas del orden se mencionan: armamento, vehículos tácticos, infraestructura para unidades policiales, tecnología y drones. El proyecto también introduce medidas judiciales más severas.
Entre las reformas incluidas en el informe están:
- Penalizar no solo la comisión de delitos, sino también la pertenencia a organizaciones criminales.
- Endurecer sanciones para quienes generen disturbios o actos de terrorismo en las calles.
- Asignar los casos de crimen organizado a jueces anticorrupción, descartando la creación de jueces especiales como proponía el Ejecutivo.
- Ampliar de 15 a 90 días el plazo de investigación preliminar, conforme a recomendaciones de juristas.
- Establecer penas superiores a los 25 años para quienes pertenezcan a bandas delictivas, incluso si no han cometido delitos específicos.
Estas propuestas han generado debate, especialmente por su enfoque punitivo y los cambios en el sistema judicial frente al conflicto armado interno.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
