El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo este viernes, 30 de mayo, en Quito, el primer debate del proyecto de Norma Orgánica denominado «Ley de Solidaridad Nacional», impulsado por el presidente reelecto, Daniel Noboa, con carácter de urgente para combatir la economía criminal.
La iniciativa, basada en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, propone establecer regímenes especiales en materia penal y tributaria como respuesta al actual conflicto armado interno que enfrenta el país.
El propósito central del proyecto es desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado y fortalecer tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, siempre dentro del marco del respeto a los derechos constitucionales.
Se busca además proteger la seguridad ciudadana, mantener la estabilidad del sistema económico y financiero, y fomentar la recuperación económica en las zonas más afectadas por la violencia.
Respaldo del oficialismo y aliados
Valentina Centeno, ponente del proyecto y presidenta de dicha comisión, resaltó que esta ley representa una acción decidida y colectiva contra el crimen organizado. Mencionó que incluye incentivos fiscales y reformas penales que potencian la capacidad de respuesta del Estado. “Esta es una lucha del Estado y también del pueblo”, afirmó, destacando el compromiso con la justicia, la democracia y la seguridad del país.
Durante la sesión intervinieron 18 asambleístas, la mayoría de los cuales manifestó su apoyo al proyecto. Resaltaron que la propuesta se alinea con estrategias implementadas en otros países en circunstancias similares, promoviendo la cooperación entre el sector público y privado, con incentivos tributarios diseñados para reforzar a las fuerzas del orden.
Entre los puntos clave del proyecto destacan: deducciones fiscales específicas, el reconocimiento legal del conflicto armado interno, normas sobre el uso legítimo de la fuerza, designación de objetivos militares, incautación de bienes, procedimientos penales especiales, medidas cautelares, garantías constitucionales, y una fase transitoria con respaldo subsidiario una vez superado el conflicto.
Se contempla que el Ejecutivo pueda otorgar, mediante decreto y con aprobación del Ministerio de Finanzas, beneficios anuales a pequeños y medianos productores, así como a jóvenes emprendedores vinculados a la economía popular y solidaria.
Al cierre del debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, ordenó que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe que será discutido en el segundo debate.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
