La Asamblea Nacional, en Quito, llevó a cabo este martes, 3 de junio, el segundo debate de un proyecto de ley destinado a regular las actividades de inteligencia y contrainteligencia, con el objetivo de anticipar, prevenir y neutralizar amenazas que pongan en riesgo la seguridad del Estado.
Inés Alarcón, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, encargada del análisis de esta normativa, subrayó que la ley permitirá la creación del Sistema Nacional de Inteligencia.
Así como subsistemas especializados en los ámbitos policial, militar, tributario y penitenciario, además de establecer mecanismos adecuados para supervisar el uso de sus recursos financieros, garantizando así una fiscalización efectiva.
Alarcón recalcó que la seguridad es un derecho protegido por la Constitución y que esta legislatura tiene el deber de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado, respetando los estándares internacionales de protección a la ciudadanía frente a posibles abusos.
La asambleísta explicó también que la norma busca evitar que las amenazas de grupos considerados terroristas se concreten, mediante la interceptación de información estratégica que será entregada al Ejecutivo para facilitar decisiones oportunas.
Reacción de los parlamentarios
Durante el debate, los asambleístas del correísmo, Gerardo Machado y Jhajaira Urresta, coincidieron en la importancia de incorporar controles legales, como la exigencia de autorización judicial para ejecutar operaciones de inteligencia, a fin de evitar abusos de poder.
“Concentrar facultades sin los debidos contrapesos legales puede llevar a un uso arbitrario del sistema”, advirtió Machado.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC6), propuso que el nombramiento del director del Sistema de Inteligencia esté condicionado a experiencia y formación verificable en temas de seguridad.
Karolina Dueñas y Camila Cueva, del oficialismo, hicieron énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad, protección e identidad de los agentes de inteligencia y otros funcionarios que luchan contra el crimen organizado transnacional.
Cueva sugirió que se especifique que la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación será la entidad responsable de gestionar identidades alternativas autorizadas, con el fin de evitar confusiones y salvaguardar tanto a los agentes como a sus familias.
Al finalizar el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que el proyecto sea devuelto a la comisión respectiva para incorporar las observaciones realizadas y preparar el texto final que será sometido a votación.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
