Guayaquil, Ecuador
Hace unas semanas se abrió el debate en torno al financiamiento público de los partidos políticos. Entre los años 2008 y 2025, el Estado ecuatoriano ha destinado aproximadamente 210 millones de dólares del Presupuesto General del Estado (PGE) al financiamiento de organizaciones políticas.
De ese total, alrededor de 49 millones de dólares corresponden al Fondo Partidario Permanente (FPP), es decir, al monto anual que el Estado entrega a los partidos y movimientos con personería jurídica. Los 160 millones restantes han sido asignados al Fondo de Promoción Electoral (FPE), el cual constituye el aporte estatal destinado a cubrir parte del gasto electoral durante las campañas.
Existen quienes se oponen a la posibilidad de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, argumentando que dicha medida cerraría las puertas a las organizaciones políticas pequeñas y beneficiaría únicamente a aquellos partidos que cuentan con mayor poder económico. Además, sostienen que esta situación podría incentivar la promulgación de leyes orientadas a favorecer a los grandes grupos económicos, así como la implementación de reglas de financiamiento electoral desiguales.
Lo cierto es que ese dinero que los partidos reciben, ya sea a través del FPP o del FPE, no proviene mágicamente de las arcas del Estado. Estos fondos tienen su origen en una fuente coactiva de ingresos: los impuestos. Según se nos ha dicho, estos se recaudan con el propósito de financiar bienes y servicios públicos como la infraestructura vial, la educación, la salud, entre otros, bajo el argumento de que dichos servicios benefician a todos (aunque no siempre).
Sin embargo, los partidos y movimientos políticos no entran – o no deberían entrar – en la categoría de bienes o servicios públicos. Estas organizaciones representan ideas que, en muchos casos, no reflejan el pensamiento de toda la población; de hecho, en ocasiones, ni siquiera representan de manera fiel a quienes votan por ellos de forma recurrente.
Las ideas, que se traducen en propuestas políticas, constituyen el «producto» que los partidos ofrecen a los ciudadanos. En consecuencia, su financiamiento debería provenir exclusivamente de quienes las respaldan y creen en ellas, y no imponerse de forma coercitiva mediante el uso de los recursos aportados por los pagadores de impuestos.
Durante años, la ciudadanía ha expresado su descontento con el actuar de las organizaciones políticas y con la manera en que, en muchos casos, parecen representar únicamente sus propios intereses. Esta situación es una consecuencia directa del hecho de que dichas organizaciones reciben financiamiento estatal de forma automática, independientemente de si efectivamente representan o no a los ciudadanos.
Además, este modelo de financiamiento genera incentivos perversos para la proliferación de nuevas organizaciones políticas, lo que se refleja en el creciente número de candidaturas en cada proceso electoral. Eliminar el acceso a recursos públicos obligaría a los partidos y movimientos a representar —o al menos intentar representar— a quienes verdaderamente les brinden su respaldo, y solo quienes reciban ese respaldo podrán llegar a la contienda política.
La clase política de nuestro país no ha experimentado una evolución positiva, en gran parte porque se le ha privado de la única herramienta eficaz para fomentar la innovación y la mejora continua: la competencia. El mercado de las ideas —dentro del cual operan los actores políticos— debería regirse por las mismas reglas que rigen a todos los mercados: subsistir únicamente a través del apoyo voluntario del soberano consumidor (en este caso, el votante), o desaparecer.
La gran mayoría de los actores políticos se benefician del actual sistema de financiamiento, por lo que resulta previsible que reaccionen en su defensa. Sin embargo, es precisamente ahí donde debe centrarse la labor crítica de quienes, día a día, trabajan y generan los impuestos de los que ellos se sirven para sus sucias campañas y múltiples ataques que en nada benefician a los ecuatorianos. Esta situación debe llegar a su fin.
Así como los emprendedores y empresarios se esfuerzan continuamente por ofrecer mejores productos y servicios para mantenerse en el mercado, así también los políticos deben aprender a trabajar para ganarse el favor de los consumidores y poder vivir cada quien con la suya.
