Guayaquil, Ecuador
El pasado lunes 2 de junio tuvo lugar la primera vocería del Palacio de Carondelet. Ésta fue especialmente importante porque marcaba los primeros pasos de una agenda económica y política que el país requiere desde hace años. En un escenario que recordaba al estilo americano, la vocera Carolina Jaramillo anunció cinco medidas tomadas por los gobernantes. Este texto analiza lo dicho por la vocera: lo que va en la dirección adecuada, lo que va en la dirección errada, y las cosas que, lamentablemente, no tuvieron mención.
Antes de abordar los anuncios, es digno de mención el trabajo comunicacional del equipo del presidente Noboa. A pesar de él no ser un gran orador, en general ha llevado una estrategia comunicacional ganadora. Si bien no es moral que los gobernantes utilicen recursos que extraen coercitivamente a los ciudadanos para promocionarse, contar con una buena estrategia comunicacional es necesario para cualquier gobierno que pretenda, o no, hacer un cambio fuerte de modelo. En este sentido, la decisión de contar con vocera presidencial es un acierto.
El primer anuncio fue la implementación de una tasa de fiscalización para el sector minero. La intención que se busca al imponer esta tasa, según se dijo desde el gobierno, es utilizar esos recursos cobrados a las pequeñas, medianas y grandes mineras para combatir la minería ilegal. Lo que parece pasar completamente desapercibido por el gobierno -pues no se hizo mención durante la sesión de vocería- es que el aumentar los impuestos en un sector representa un desincentivo directo para la formalización de este.
Hagamos una revisión detenida de esto, ¿qué es la minería ilegal? pues aquella que no cumple con los requisitos formales para ejercer la minería y por tanto extrae de forma ilegal los recursos. Si aumentamos estos requisitos estamos haciendo aún más costoso que estas empresas cumplan con ellos y se formalicen. Esto me lleva a preguntarme ¿Es que desde el gobierno desconocen los principios más básicos de la economía o simplemente se nos intenta engañar con el objetivo último de cobrar más impuestos?
El segundo anuncio fue la apertura del catastro minero, cerrado desde hace más de cinco años. Llevar un registro de las concesiones mineras puede ayudar al Estado en sus intereses fiscales y como instrumento de vigilancia, pero también puede ser útil para la protección del derecho de propiedad. La creación de este catastro puede ayudar a combatir la minería ilegal, que es una fuente de financiamiento para algunos grupos de crimen organizado, pero debe ir acompañada de una reducción de la regulación del sector y mecanismos que protejan la propiedad privada frente a futuras decisiones políticas.
En tercer lugar, se mencionó la auditoría a las empresas públicas Petroecuador, CNEL y Celec. El hecho de que las auditorías estén encargadas a las firmas Pwc, E & Y y Deloitte, las más grandes del mundo, es positivo para el objetivo de transparentar la actividad y reducir la corrupción. Es condición necesaria, pero no suficiente, para diagnosticar y volver a estas empresas eficientes y competitivas internacionalmente, por esto la medida es positiva, pero sus resultados dependen de lo que se haga una vez las auditorías se realicen.
El cuarto anuncio fue la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, excluyendo a la pesca artesanal. La eliminación de subsidios y otros privilegios va en la dirección adecuada, y ahorrará US$42 millones a las arcas del Estado. El gobierno en su estrategia de comunicación dice estar motivado porque ha concluido que el sector atunero está suficientemente desarrollado para soportar el valor real del diésel, pero esta no es razón para focalizar un subsidio. Ese argumento podría usarse también para aumentar los impuestos al sector, ya que está “suficientemente desarrollado” para soportarlos. La razón para eliminar este subsidio tiene que ver con tener un Estado deficitario que necesita reducir sus gastos ampliamente, cosa que no se mencionó en esta, ni en ocasiones anteriores por parte del gobierno.
Finalmente se anunció que se tomó la decisión de transparentar la tarifa del servicio eléctrico para los grupos AV1 y MV. Esta medida es particularmente necesaria en un país con un sector energético tan delicado como el ecuatoriano, pero se usará, a decir de la vocera, para cubrir la brecha entre la tarifa real y la tarifa subsidiada.
Ni entre estos anuncios, ni más allá de ellos, hubo de parte de la vocería mención de los problemas estructurales de este país ni de las reformas necesarias para solucionarlos: reforma laboral, del sistema de pensiones, del sistema financiero, reforma fiscal profunda y apertura comercial. La omisión de estas reformas fundamentales revela una falta de voluntad política para enfrentar los verdaderos obstáculos al desarrollo sostenido del país.
