El correísmo manifestó su repudio contra la condena a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien fue sentenciada a seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta, lo que consideró «una nueva y grosera instalación de ‘lawfare’ en América Latina».
«Nuestra solidaridad y apoyo incondicional, no a la persecución política, sí a la democracia», manifestó en un comunicado la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017).
«La Revolución Ciudadana se suma a la indignación regional por la condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner, es un proceso plagado de irregularidades que solo evidencia una nueva y grosera instalación de ‘lawfare’ en América Latina», indicó el partido.
La formación de izquierdas también subrayó su rechazo a la «proscripción de la dirigente peronista» y aseguró que «hoy la democracia en Argentina dejó de existir».
En la misma línea, en su cuenta personal de X, Correa deseó «fuerza» a Fernández. «Derrótennos -si es que pueden- en las urnas», expresó.
Por su parte, la presidenta de la Revolución Ciudadana y candidata presidencial en los dos últimos comicios presidenciales, Luisa González, aseguró en sus redes sociales que esta causa «representa la persecución política más grande desde el exilio de Perón».
Cristina Fernández, figura clave del escenario político argentino durante las últimas dos décadas, es considerada una dirigente peronista, aunque representa una corriente interna con identidad propia: el kirchnerismo, movimiento que hace referencia a su propio nombre.
La causa por la que fue condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La sentencia fue ratificada el martes por la Corte Suprema, al desestimar el recurso presentado por la defensa de Fernández y dejar en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022.
El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.
La defensa de Fernández solicitó cumplir su condena de forma domiciliaria en Buenos Aires, un derecho que se recoge en el Código Penal y en la Ley de Ejecución Penal por ser mayor de 70 años. EFE (I)