La audiencia relacionada con la acción de protección se llevó a cabo este jueves, 12 de junio, en el Complejo Judicial, en Quito, presentada por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) en contra del presidente del Legislativo, Niels Olsen.
La sesión inició a las 09:00, con la participación del asambleísta correísta, Roque Ordóñez, acompañado de su abogada Lorena Correa. En representación de la Asamblea asistieron la procuradora Mercedes Mediavilla y el defensor Edgar Lagla, designado para Olsen.
Cada parte dispuso de 40 minutos para exponer sus argumentos. Luego de más de dos horas, el juez Santiago Altamirano resolvió declarar improcedente la acción planteada por el correísmo.
Altamirano señaló que no se identificó claramente cuál era el derecho presuntamente vulnerado. Además, explicó que los temas planteados correspondían exclusivamente al ámbito legislativo, un terreno en el que la Corte Constitucional (CC) ya ha ratificado la autonomía de las funciones del Estado. Por ello, concluyó que no se violaron derechos constitucionales y archivó el caso por improcedente.
«Se ha querido desnaturalizar la acción de protección”, dijo el juez.
Defensa del correísmo
La abogada Correa sostuvo que, antes de la instalación del nuevo Parlamento el pasado miércoles, 14 de mayo, el correísmo notificó que la exasambleísta correísta, Mónica Salazar, había renunciado a su militancia, por lo que ya no debía ser considerada parte de esa bancada.
Afirmó que durante la sesión inaugural, no se permitió a ningún miembro del bloque correísta intervenir para proponer a su representante al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Según la defensora, fue el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN7) que dominó las intervenciones y las mociones para conformar el CAL.
La bogada denunció una supuesta violación al derecho a la participación, señalando que, de hecho, fue el exmiembro correísta y actual parlamentario de ADN7, Ferdinan Álvarez, quien propuso el nombre de Salazar para integrar el CAL, a pesar de los reclamos del correísmo de que ella ya no formaba parte de su bancada.
La defensa del correísmo pidió a Altamirano que acepte la acción de protección y declare la existencia de una vulneración de derechos constitucionales. El objetivo era anular la designación de los cuatro vocales del CAL y solicitar la convocatoria a una nueva sesión en la que se respetara la participación de su bloque.
Respaldo a Olsen
La defensora Mercedes Mediavilla argumentó que la solicitud de la RC5 no procedía, ya que, según fallos previos de la CC, cargos como los del CAL no representan derechos constitucionales.
Mediavilla enfatizó que las decisiones internas del Legislativo no pueden ser revisadas por otras instancias judiciales o constitucionales.
La abogada explicó que ante la escasa presencia de otras bancadas, era legalmente válido completar el CAL con miembros de fuerzas políticas minoritarias, como se hizo en esta ocasión.
Lagla sostuvo que las decisiones tomadas el 14 de mayo contaron con mayoría absoluta, siguiendo el procedimiento legislativo regular. Rechazó que Olsen hubiera limitado la participación del correísmo, y recordó que los miembros de esa bancada fueron elegidos sin inconvenientes en febrero pasado.
Finalmente, se recordó que la RC5 inicialmente obtuvo 67 escaños, pero ahora cuenta con tres menos tras la salida de Salazar y la expulsión de Sergio Peña y David Arias.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
