La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) manifestó el pasado miércoles, 11 de junio, a través de sus cuentas oficiales, su seria inquietud y rechazo ante la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, aprobada con 77 votos afirmativos por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, en Quito, el anterior martes, 10 del presente mes.
Aunque se presenta como una medida para reforzar la seguridad nacional, Fundamedios expresa que su contenido genera preocupación, ya que facilita un posible uso político de los servicios de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos fundamentales que deben regir cualquier política pública en materia de seguridad.
Esta ley fue elaborada el pasado martes, 3 de este mes, por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Parlamento, encabezada por la asambleísta oficialista, Inés Alarcón, y fue aprobada anteayer con el respaldo de 77 parlamentarios, el mínimo necesario, en una sesión con votación cerrada. Posteriormente, fue promulgada ayer en el Registo Oficial por el presidente reelecto, Daniel Noboa, sin modificaciones.
La ley fue aprobada con el voto del asambleísta David Arias, elegido por el correísmo y actual parlamentario independiente, gracias al cual el Pleno completó el anterior martes, 10 de junio, los votos requeridos para dar luz verde a la medida. Esto causó su expulsión inmediata de la Bancada Ciudadana y del movimiento correísta.
Mónica Salazar fue la primera parlamentaria en abrirse el pasado martes, 15 de marzo, de la Revolución Ciudadana (RC5), luego este movimiento expulsó el anterior jueves, 29 de mayo, a Sergio Peña y anteayer botó a Arias. Ahora el correísmo cuenta con 64 asambleístas, de los 67 que tenía incialmente.
Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral
- Inés Alarcón (P) ADN7
- Andrés Castillo (VP) ADN7
- Camila Cueva ADN7
- Mario Zambrano ADN7
- Gema Dueñas ADN7
- Francisco Cevallos ADN7
- Marian Yumbay PK18
- Gerardo Machado RC5
- Jhajaira Urresta RC5
- Jahiren Noriega RC5
La normativa establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), el cual entregará directamente información a Noboa. Su máxima autoridad, que tendrá rango ministerial, será designada por el propio mandatario, lo que, según Fundamedios, centraliza el poder sin establecer mecanismos de control o supervisión independientes.
Alertas
- Se permita interceptar comunicaciones sin necesidad de una orden judicial previa, otorgando esta capacidad a una autoridad política.
- Se obligue a las empresas de telecomunicaciones a entregar datos de sus usuarios sin autorización judicial.
- Los recursos destinados al SNI sean clasificados, limitando la fiscalización de la Contraloría General del Estado, que solo podrá auditar estos gastos una vez ejecutados y sin acceso a información detallada.
- Se autorice el manejo de información confidencial en nombre de la seguridad nacional sin delimitar claramente los fines legítimos de ese uso.
- Se permita el tratamiento amplio y ambiguo de datos personales, sin respetar los principios de finalidad ni proporcionalidad.
Libertad de expresión corre peligro
Estas medidas colocan a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente al poder del Estado y comprometen seriamente la labor de periodistas y medios de comunicación, al restringir el acceso a información pública y permitir un entorno de vigilancia sin garantías. Esto podría convertir a voces críticas en blancos del sistema de inteligencia estatal.
Por todo ello, Fundamedios instó a los organismos responsables del Estado: la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Comunicación y el Mecanismo de Protección, y Prevención del Trabajo Periodístico, a que:
- Garanticen la intervención judicial previa para cualquier acción que afecte la privacidad de las comunicaciones o el tratamiento de datos personales.
- Aseguren mecanismos de supervisión externos y transparentes sobre el sistema de inteligencia.
- Protejan el derecho de los periodistas y medios a acceder a la información pública, y a ejercer su labor sin represalias.
- Establezcan límites concretos para el uso de datos personales y aseguren que se gestionen conforme a la legislación vigente.
La entidad hizo un llamado urgente a los organismos internacionales de derechos humanos, entidades multilaterales y redes de la sociedad civil, tanto regionales como globales para que monitoreen la implementación de esta ley en Ecuador y demanden el cumplimiento de los estándares internacionales en cuanto a protección de datos personales, libertad de expresión, acceso a la información y derechos humanos.
Cabe destacar que, la ‘Ley de Espionaje‘ ya entró en vigencia desde ayer tras pasar por el Boletín Oficial del Estado.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
