Guayaquil, Ecuador
El derecho a circular libremente, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, implica la libertad de salir de cualquier país, incluyendo el propio, y de elegir residencia en otro. Sin embargo, el derecho a no migrar se enfoca en la libertad de permanecer en el país de origen sin sentir la presión o necesidad de emigrar, y es sobre este último, que parece oportuno comenzar a reflexionar y hablar más.
Las imágenes capturadas por la prensa durante las protestas que comenzaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles luego de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas realizara redadas contra migrantes indocumentados, han sido tan impactantes como controversiales.
Ver a los migrantes con bandera mexicana en mano gritando «viva México» mientras atacan a las fuerzas del orden de los EE.UU. y se destruye propiedad pública o privada, al mismo tiempo que esperan que se los deje residir en Estados Unidos, parece algo tan incoherente como el hecho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom estén en tensión debido las protestas por las políticas migratorias de la Casa Blanca, que siempre formaron parte del plan de gobierno propuesto por Trump, con el cual ganó las elecciones presidenciales.
Por otra parte se ha desatado una tormenta política entre México y Estados Unidos. Las negociaciones entre ambos países tensas desde hace meses por los aranceles, ahora giran hacia los problemas migratorios. Incluso la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, acusó a Claudia Sheinbaum de instigar la violencia en California. Y según notas mediáticas, todos los gobernantes de México independientemente del partido político que representan, han firmado una carta institucional de respaldo a la presidenta quien aseguró que nunca ha llamado a protestas violentas sino que ha enfatizado el valor del diálogo como vía para solucionar diferencias.
De hecho, el principio de la primacía de la persona humana y de su dignidad inviolable nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la seguridad nacional. Pero para el efecto, es necesario el trabajo común de todos, cada uno de acuerdo a sus propias responsabilidades. Parece necesario comenzar a preguntarnos qué podemos hacer, pero también qué debemos dejar de hacer. Debemos esforzarnos por detener la carrera de armamentos, el colonialismo económico, la usurpación de los recursos ajenos, la devastación de nuestra casa común. El caso de Estados Unidos no es un caso aislado, es un problema mundial.
Los gobiernos y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a no migrar, cada Estado debe trabajar por crear condiciones de vida dignas y garantizar el acceso a derechos fundamentales en el país de origen, ofrecer condiciones favorables que frenen las migraciones forzosas debidas al miedo, la desesperación y la pobreza.
También es necesario redoblar los esfuerzos para luchar contra los criminales, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Para ello, hay que esforzarse por desarrollar propuestas concretas para promover una migración regularizada y segura, tanto para el migrante como para el país que lo acoge.
Pero sobre todo, impera comenzar a buscar respuestas articuladas, globales y a largo plazo para poder defender verdaderamente la dignidad humana de quienes no quieren dejar su país de origen y a sus familias, como sucede probablemente con más del 90% de los emigrantes, ese es el verdadero reto que se debe afrontar con suma responsabilidad dentro de los problemas migratorios, pues el derecho a no emigrar complementa el derecho a migrar.
