El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, concluyó el pasado lunes, 16 de junio, el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado con carácter económico urgente.
Esta iniciativa tiene como propósito asegurar una gestión pública íntegra, eficiente, transparente, rápida y libre de corrupción y violencia.
Durante el debate, la asambleísta oficialista, Valentina Centeno, quien presentó el informe, destacó que el objetivo principal de esta ley es reforzar la ética en la función pública y mejorar la calidad de los servicios estatales dirigidos a la ciudadanía.
Centeno también expresó su preocupación por el aumento de la influencia del crimen organizado en la juventud. En ese sentido, informó que en 2024 fueron arrestados 2.777 menores por diferentes delitos.
Por ello, la propuesta legislativa plantea que, en casos de delitos graves con penas superiores a los 10 años, los menores puedan ser juzgados conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, como adultos.
Nuevo tipo penal
El proyecto también introduce un nuevo tipo penal: el prevaricato cometido por jueces y fiscales. Además, contiene un capítulo detallado sobre contratación pública, rediseña varios procedimientos y propone reformas en el servicio público, entre otros puntos clave.
Durante las intervenciones legislativas, se resaltó que la contratación pública representa un componente significativo de la economía nacional. En 2024, por ejemplo, se otorgaron contratos por 73 millones de dólares, 76 millones a través de lista corta y 25 millones mediante concursos públicos, representando en conjunto el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Se alertó también que entre el 10 % y el 30 % de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden debido a actos de corrupción.
Los parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en la importancia de asegurar un uso eficiente y transparente de los recursos del Estado. Propusieron evitar la manipulación del Sistema Nacional de Contratación Pública, fortalecer las economías locales y garantizar pagos puntuales a los proveedores.
Tras la participación de 18 asambleístas, la presidenta oficialista encargada, Mishel Mancheno, dio por finalizado el primer debate y encargó a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa continuar con el proceso legislativo.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
