Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó hoy, 24 de junio, la Ley Orgánica de Integridad Pública, enviada el pasado martes, 27 de mayo, por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica.
Solo 148 parlamentarios de los 151 que conforman el nuevo Parlamento fueron los que asistieron a la sesión N.013 en el hemiciclo, 84 respaldaron la propuesta, 62 la rechazaron y 2 se abstuvieron.
Con esto se busca combatir la violencia en las calles, erradicar la corrupción en todos los niveles del sector público, optimizar la eficiencia institucional y asegurar que los bienes y servicios del Estado estén alineados con las necesidades de la ciudadanía.
El texto aprobado incluye los aportes introducidos por el parlamentario oficialista, Andrés Castillo, que abarcan temas como el balance general del Banco Central del Ecuador, (BCE) la imposición de sanciones de expulsión y prohibición de retorno al país, la deportación en el marco del conflicto armado interno y el procedimiento para la designación de los integrantes de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
Esta normativa se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales: la contratación pública; el fortalecimiento de las instituciones estatales; la gestión pública en general; y la eliminación de redes delictivas que ponen en riesgo a la niñez ecuatoriana.
Fuertes sanciones
Durante la presentación del informe, la asambleísta oficialista, Valentina Centeno, ponente del proyecto, subrayó que se trata de una ley inédita, necesaria y justa, que modifica cerca de 20 cuerpos legales y se centra en la protección de la vida y la dignidad humana.
“Esta normativa representa un avance decisivo hacia un Ecuador más justo, transparente y ético. El mensaje es claro: en este país, la corrupción y el crimen ya no tienen cabida”, afirmó.
Detalló disposiciones relacionadas con seguridad, declaratorias de emergencia judicial, expulsión de extranjeros que hayan delinquido, medidas contra el hacinamiento carcelario, evaluación del desempeño de servidores públicos y reformas al sistema de contratación estatal.
En el debate participaron diez asambleístas, quienes se pronunciaron sobre temas como: sanciones por prevaricato judicial; necesidad de democratizar los procesos de contratación pública; penas de hasta 15 años para adolescentes infractores; duración de las emergencias judiciales; prevención del uso de menores por parte del crimen organizado; balance del Banco Central; impulso a la economía popular y solidaria a través de reservas de mercado; y la depuración del Registro Único de Proveedores.
Esta legislación trasciende el ámbito de la contratación pública, al proponer un enfoque integral para abordar la corrupción desde una perspectiva estructural, considerando su impacto en diversos aspectos de la vida nacional.
En lo que va de junio, la nueva Asamblea aprobó dos leyes enviadas como urgente por Noboa: Ley de Solidaridad Nacional y Ley de Integridad Pública.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
