El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador (UNICEF, por sus siglas en inglés), manifestó el pasado martes, 24 de junio, a través de sus cuentas oficiales, su preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública, enviada el anterior martes, 27 de mayo, como urgente por el Ejecutivo y aprobada ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, con 84 votos a favor.
Según el comunicado oficial difundido ayer en las redes sociales de la UNICEF Ecuador, la entidad calificó como «reformas regresivas» al sistema de justicia penal juvenil que, a su criterio, afectan gravemente a los adolescentes.
El organismo insiste en que estas acciones no han probado ser eficaces para enfrentar la inseguridad y además van en contra de la Constitución del país y de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido ratificada el anterior viernes, 23 de marzo de 1990, por Ecuador.
Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado lunes, 20 de noviembre de 1989, y Ecuador fue uno de los primeros países en ratificarla.
Advertencias
La UNICEF Ecuador también advirtió que podría perjudicar el funcionamiento del sistema penitenciario y dificultar las oportunidades de reinserción para los adolescentes.
Finalmente, la institución hizo un llamado a las máximas autoridades del Estado para que garanticen efectivamente los derechos de la juventud.
Cabe destacar que, este reglamento ya fue aprobado ayer por el Pleno, pero aún no ha sido enviado al Registro Oficial, por lo que todavía no entra en vigencia.
Con esta nueva ley se pretende juzgar a los menores como adultos en delitos graves y pueden enfrentar hasta un máximo de 15 años de cárcel. Esta inciativa fue impulsada el pasado martes, 10 de junio, por el asambleísta oficialista, Andrés Castillo.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
