Según indicó Carolina Jaramillo, vocera del gobierno de Daniel Noboa, indicó que el mes de junio registra una importante disminución en la cifra de homicidios. A la fecha -dijo- han existido 518 homicidios en el país.
“Esto es resultado de una gestión sistemática sostenida en la seguridad del país. Y sin duda es un hito que debemos reconocer en la fuerza pública, policía nacional y fuerzas armadas”, reiteró.
La vocera insistió en que la cifra de homicidios del mes de junio de 2025 es la más baja que se ha registrado en el país. “Si la comparamos con la cifra del mes de junio del 2024, hay 74 homicidios menos en este año”, especificó.
Jaramillo calificó como “exitoso” el operativo “Gran Fénix” con la recaptura de alias ‘Fito‘. “Es resultado del trabajo sostenido que se viene llevando a cabo por la seguridad de los ecuatorianos”, añadió.
Recordó que hubo 37 allanamientos y 47 incautaciones. Se dictó prisión preventiva para seis personas y hubo una afectación a la economía criminal de alias “Fito” que asciende a 13 millones de dólares.
“El trabajo del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la unidad de análisis financiero ha sido sistemática y es pertinente comprender la cronología nacional no ha dado tregua y ha acercado al crimen organizado”, concluyó.
Estado también ha recuperado dinero de la corrupción
Jaramillo explicó que el Estado ecuatoriano recuperó 9,3 millones de dólares con la revocatoria de sentencias judiciales «corruptas».
«La Corte Constitucional revocó dos sentencias ilegítimas, con lo cual se ordena a las empresas Koval Management Kovmanag S.A. y la Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A., devolver al Estado ecuatoriano USD 6,8 millones y USD 2,5 millones respectivamente».
El máximo organismo dispuso investigar penalmente a los magistrados involucrados por actuar con dolo. Jaramillo explicó que estas decisiones se tomaron luego de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) denunciara en noviembre pasado ante la Fiscalía General del Estado, acciones ilícitas de algunos jueces.
“El perjuicio de las sentencias fraudulentas por casi 10 millones de dólares no afecta solo al SRI, sino a todos los ecuatorianos”, mencionó.
Jaramillo reiteró que esta decisión de la Corte es fundamental para recuperar la confianza en la justicia y los recursos de todos los ecuatorianos.