Estos son los nuevos aliados del oficialismo

El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, el pasado domingo, 22 de junio de 2025. Foto tomada de la cuenta del Parlamento en X.

El bloque de Acción Democrática Nacional (ADN7), liderado por el presidente reelecto, Daniel Noboa, empezó el nuevo período legislativo el pasado miércoles, 14 de mayo, en la Asamblea Nacional, en Quito, con 66 asambleístas y para tener mayoría absoluta se necesita mínimo 77 parlamentarios.

En la actualidad, el Pleno está conformado por 151 asambleístas y el gobierno tiene el apoyo de las minorías e independientes para la aceptación de leyes urgentes y de trámites ordinarios. Es el caso del Partido Social Cristiano (PSC6) y de ciertos parlamentarios de Pachakutik18, entre otros.

Incluso hay hasta exparlamentarios correístas que se salieron y otros que fueron expulsados de su movimiento por conflictos internos y que ahora respaldan al oficialismo.

Asambleístas oficialistas

  • Ferdinan Álvarez (ADN)
  • Nataly Morillo (ADN)
  • Fabiola Sanmartín (ADN)
  • Ana Belén Tapia (ADN)
  • Arianna Burgos (ADN)
  • María Paula Villacreses (ADN)
  • Rosa Torres Cadena (ADN)
  • Esteban Torres (ADN)
  • Keevin Fernando Gallardo (ADN)
  • Marco Olmedo (ADN)
  • Anelisse Jaramillo (ADN)
  • Nuvia Rocío Vega (ADN)
  • Eckenner Recalde (ADN)
  • Paola Jaramillo (ADN)
  • Christopher Jaramillo (ADN)
  • Naila Quintana (ADN)
  • Elizabeth Vega (ADN)
  • Nathaly Farinango (ADN)
  • Adrián Castro (ADN)
  • María Cristina Acuña (ADN)
  • María del Cisne Molina (ADN)
  • Hernán Zapata (ADN)
  • Carlos Villacrés (ADN)
  • Valentina Centeno (ADN)
  • Diego Franco (ADN)
  • Lenin Lara (ADN)
  • Álex Morán Galarza (ADN)
  • Mishel Mancheno (ADN)
  • Lucía Jaramillo (ADN)
  • Johnny Lavayen (ADN)
  • Graciela Ramírez (ADN)
  • María del Carmen Carrasco (ADN dejó su curul y fue reemplazada por Mauricio Xavier Ordóñez Fuentes)
  • Doménica Escobar (ADN)
  • Camila León Cueva (ADN)
  • Roberto Fernando Jaramillo (ADN)
  • Katherine Pacheco (ADN)
  • Sade Fritschi (ADN)
  • Esperanza Rogel (ADN)
  • Jadira Bayas (ADN)
  • Janina Rizzo (ADN)
  • Erwin Mendoza (ADN)
  • Manuel Blacio (ADN)
  • Marjorie Rosado (ADN)
  • María Mendoza (ADN)
  • Lucía Pozo (ADN)
  • Milton Aguas (ADN)
  • John Polanco (ADN)
  • Henry Bósquez (ADN)
  • Luis Fernando Jácome (ADN)
  • Juan José Reyes (ADN)
  • Diana Patricia Blacio (ADN)
  • Annabella Azín (ADN)
  • Andrés Guschmer (ADN)
  • Anthony Becerra Contreras (ADN)
  • Jorge Fabricio Tamayo (ADN)
  • Diana Jácome (ADN)
  • Isaac Solano (ADN)
  • Jorge Luis Guevara (ADN)
  • Dominique Serrano (ADN)
  • Jorge Chamba (ADN)
  • Inés Alarcón (ADN)
  • Andrés Castillo (ADN)
  • Camila Cueva (ADN)
  • Mario Amado Zambrano (ADN)
  • Gema Dueñas (ADN)
  • Francisco Cevallos (ADN)

Aliados del oficialismo

  • Steven Ordóñez (Independiente aliado de ADN)
  • Mónica Salazar (Excorreísta aliada de ADN)
  • Sergio Peña (Excorreísta e independiente aliado de ADN)
  • Jesús Arias (Excorreísta e independiente aliado de ADN)
  • Samuel Célleri (Exsocial Cristiano e independiente aliado de ADN)
  • Alfredo Serrano (PSC aliado de ADN)
  • Otto Vera (PSC aliado de ADN)
  • Johnny Terán (PSC aliado de ADN)
  • Cecilia Baltazar (Pachakutik aliado de ADN)
  • Carmen Tiupul (Pachakutik aliado de ADN)
  • Segundo Manuel Choro Duchi (Pachakutik aliado de ADN)
  • José Nantipia (Pachakutik aliado de ADN)
  • Edmundo Cerda (Pachakutik aliado de ADN)
  • José Nango (Pachakutik aliado de ADN)
  • Pablo Jurado (Construye aliado de ADN)
  • Edwin Jarrín (Sociedad Patriótica-Democracia Sí aliado de ADN)
  • Juan Gonzaga (Movimiento Acuerdo Ciudadano alaido de ADN)
  • Cristian Benavides (Unidad Popular-PID-PSE aliado de ADN)

Dos leyes urgentes aprobadas con 84 votos

Todas las leyes mandadas con carácter de urgente en materia económica por Noboa han sido aprobadas con 84 votos afirmativos, es decir, de los 66 asambleístas del oficialismo hay 18 parlamentarios más que están de acuerdo con las medidas.

La Ley de Solidaridad Nacional, enviada el 27 de mayo como inmediata por el Ejecutivo, aprobada el anterior sábado, 7 de junio, en la Asamblea, con 84 escaños positivos y publicada el pasado martes, 10 de junio, en el Registro Oficial.

Este reglamento busca «desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno». Con la propuesta, Noboa apunta, entre otros aspectos, a que la empresa privada pueda «donar» en equipos de seguridad, a policías y militares, hasta el 30 % de su pago del impuesto a la renta (IR).

La Ley de Integridad Púbica también fue remitida esa misma fecha como urgente por el Ejecutivo, aceptada el anterior martes, 24 de junio, en el Parlamento, con 84 votos a favor y subida el jueves, 26 del pasado mes, en el Boletín Oficial.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó el pasado lunes, 30 de junio, ante la Corte Constitucional (CC), en Quito, una demanda de inconstitucionalidad contra la contra la Ley de Integridad Pública y convocó una movilización para el próximo viernes, 11 de julio, como protesta.

Con esto se busca combatir la violencia en las calles, erradicar la corrupción en todos los niveles del sector público, optimizar la eficiencia institucional y asegurar que los bienes y servicios del Estado estén alineados con las necesidades de la ciudadanía.

Tercera ley de urgencia, en debate

A las 12:00 de hoy, en la sesión N.-015, el Pleno trató el primer debate la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Desarrollo Local, aprobada el pasado domingo, 29 de junio, en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con siete votos a favor.

Esta es la tercera medida emitida el anterior sábado, 14 de junio, con carácter de urgente por Noboa en lo que va de su actual gobieno.

Este reglamento propone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP), una empresa pública que tendría a su cargo la dirección, planificación y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Se encargará de emitir normativa técnica, conforme al Código Orgánico del Ambiente, y de identificar mecanismos que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema.

En junio, la Asamblea ha aprobado tres leyes: dos de ellas fueron enviadas por el Ejecutivo con carácter de urgencia económica, y la otra siguió el trámite ordinario. Además, se avecina una tercera ley urgente que fue debatida este miércoles 2 de julio en el Parlamento.

Creación de fideicomiso público

Se estableció la creación de un fideicomiso público que administrará los recursos del SNAP. Este se financiará con donaciones nacionales e internacionales, préstamos y los beneficios obtenidos de proyectos impulsados por el propio SNAP.

Se permitirá que el sector privado y comunitario participe, mediante asociaciones público-privadas, en actividades como el mantenimiento de infraestructura, conservación y restauración ambiental, servicios turísticos (como guía, alimentación, transporte y hospedaje).

Así como en la construcción y operación de infraestructuras, y el monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Todo esto se hará conforme a las disposiciones del Código Orgánico Administrativo (COA).

El proyecto incluye un total de nueve artículos, dos disposiciones generales, nueve disposiciones transitorias y cuatro reformas legales que afectan al Código de la Democracia, la Ley de Movilidad Humana, la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico Administrativo.

Una ley no urgente aprobada con las justas

Con 77 votos positivos, el Parlamento aprobó el pasado martes, 10 de junio, el Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia (Ley de Espionaje) y fue publicada el anterior miércoles, 11 de dicho mes, en el Registro Oficial.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) manifestó el pasado miércoles, 11 de junio, a través de sus cuentas oficiales, su seria inquietud y rechazo ante la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia.

FUNDAMEDIOS expresó que su contenido genera preocupación, ya que facilita un posible uso político de los servicios de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos fundamentales que deben regir cualquier política pública en materia de seguridad.

Estas medidas colocan a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente al poder del Estado y comprometen seriamente la labor de periodistas y medios de comunicación, al restringir el acceso a información pública y permitir un entorno de vigilancia sin garantías. Esto podría convertir a voces críticas en blancos del sistema de inteligencia estatal.

Las organizaciones que conforman el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentarán el jueves, 3 de julio, en la capital, los recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Integridad Pública y de Inteligencia.

Nota por: David Josue Quispe Franco. 

El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, el pasado viernes, 20 de junio de 2025. Foto tomada de la cuenta del Parlamento en X.

Más relacionadas