Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), acudió este lunes, 7 de julio, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en Quito, para colaborar en el estudio de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, actualmente en análisis por esta comisión legislativa.
Durante su intervención, Godoy abordó el tema de los concursos públicos para la designación de jueces y fiscales, los cuales no se han llevado a cabo desde 2017.
Explicó que esto se debe a deficiencias en el actual Código, como ambigüedades normativas y la utilización de criterios subjetivos para evaluar méritos.
Sostuvo que la reforma debe contemplar una revisión profunda de los actuales criterios de evaluación, estableciendo parámetros que sean claros, objetivos y actualizados.
Destacó la importancia de aplicar correctamente las pruebas psicológicas de confianza. Indicó que la falta de evaluaciones ha impedido la promoción de los funcionarios, dado que los jueces no han sido evaluados desde 2017 y los fiscales desde 2011.
Evaluaciones a jueces penales
Agregó que los jueces penales deben ser evaluados con criterios diferentes a los aplicados a jueces civiles o de otras áreas, debido a las particularidades de cada función.
Actualmente, el Código contempla criterios subjetivos y cualitativos para las evaluaciones, por lo que propuso que sea la Corte la encargada de definir estos parámetros de manera anual.
En relación con la remoción de funcionarios judiciales, Godoy manifestó que la normativa actual no permite desvincular de forma inmediata a quienes presentan bajo desempeño. Por ello, sugirió que una sola evaluación insuficiente sea motivo de destitución, especialmente en casos donde existan indicios de vínculos con el crimen organizado.
Se refirió al rol de la Escuela de la Función Judicial, señalando que ha perdido su propósito principal: la capacitación técnica de los servidores judiciales.
Propuso que se establezcan evaluaciones teóricas y prácticas con una nota mínima de 80 puntos, y que se aclare que esta institución no es una entidad de educación superior, aunque debería contar con docentes universitarios para respaldar la calidad de la enseñanza.
Finalmente, subrayó la necesidad de adoptar la mediación como una política pública obligatoria para reducir la carga procesal en el sistema judicial. Recomendó que los centros de mediación sean regulados por el CJ para asegurar su correcto funcionamiento.
Al cierre de la sesión, la presidenta oficialista de dicha comisión, Rosie Torres, aseguró que el tratamiento de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial será prioritario, respondiendo a la demanda ciudadana de una transformación profunda basada en la transparencia del sistema judicial.
Comisión de Justicia y Estructura del Estado
- Rosie Torres (P) ADN7
- Fernando Nantipia (VP) PK18
- Esteban Torres ADN7
- Kevin Gallardo ADN7
- Marco Olmedo ADN7
- Analise Jaramillo ADN7
- Nuvia Vega ADN7
- César Gustavo Palacios RC5
- Gabriela Molina RC5
- Eliana Correa RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
