Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó el pasado martes, 8 de julio, el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, considerado prioritario por su impacto económico y emitido por el Ejecutivo.
Durante la sesión, el equipo técnico de la comisión expuso los principales cambios realizados al proyecto, los cuales se basan en las contribuciones recogidas durante las mesas técnicas y en las discusiones con los parlamentarios.
Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una entidad técnica, autónoma y especializada, encargada de regular, fiscalizar y sancionar, bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Nacional.
Se introdujeron cambios al modelo de gestión y a la administración de fideicomisos, permitiendo el uso de ingresos provenientes de actividades permitidas dentro de las áreas protegidas. Además, se reforzó la prohibición de actividades extractivas en todas las áreas protegidas, no limitándose únicamente a territorios indígenas.
En cuanto a temas de seguridad, se garantizó el cumplimiento del artículo 57 de la Constitución, que restringe el ingreso de fuerzas militares a territorios indígenas, salvo en situaciones excepcionales como la presencia de grupos armados. Asimismo, se incluyeron medidas para asegurar la participación activa de las comunidades y la defensa de sus derechos colectivos.
Un componente clave del proyecto es la profesionalización paulatina de los guardaparques, mediante programas de formación técnica y tecnológica, con énfasis en la integración de personas con saberes ancestrales de las comunidades locales.
Ámbito tributario
En el ámbito tributario, se extendió hasta el próximo miércoles, 31 de diciembre, el plazo para acogerse al régimen de remisión de deudas. Además, se redujo el pago inicial al 10 % y se ampliaron los plazos para cancelar la deuda a 24 o 36 meses, según el monto adeudado.
No podrán beneficiarse de esta medida las autoridades electas, altos funcionarios y sus familiares directos. Finalmente, se incluyó una disposición para adecuar esta regla con las reformas recientes a la Ley de Integridad Económica Urgente.
Valentina Centeno, presidenta oficialista de la comisión legislativa, subrayó que este proyecto representa una oportunidad valiosa y un ejercicio democrático significativo, al permitir que el Parlamento discuta una normativa enfocada en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades locales.
“Este es un paso importante hacia la reactivación económica y el respeto al medio ambiente, pilares fundamentales del país que queremos construir”, afirmó.
La iniciativa busca dinamizar el turismo, atraer inversiones y fomentar una gestión conjunta con comunidades, pueblos y nacionalidades, dignificando territorios históricamente marginados. Además, se clarificaron aspectos clave como el régimen de jubilación, garantizando los derechos de los servidores públicos y ofreciendo alternativas claras y voluntarias.
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
- Valentina Centeno (P) ADN7
- Diego Franco (VP) ADN7
- Steven Ordóñez ADN7
- Lenin Alejandro Lara ADN7
- Alex Moran ADN7
- Mishel Mancheno ADN7
- Jesús Arias Independiente
- Diego Salas RC5
- Sergio Peña Independiente
- Mabel Méndez RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
