La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en Quito, sostuvo este jueves, 17 de julio, una reunión con delegados del órgano fiscalizador de la Cámara de Representantes de Indonesia, con el objetivo de compartir experiencias sobre sus funciones y los métodos empleados para supervisar la gestión pública en ambos países.
Durante el encuentro, Andreas Susetyo, quien encabeza la delegación indonesia, explicó que su Cámara está compuesta por 580 legisladores distribuidos en 13 comisiones, encargadas de funciones legislativas, presupuestarias y de fiscalización.
Destacó especialmente a las comisiones responsables del control del presupuesto y de la auditoría pública.
En cuanto a su capacidad de control, Susetyo señaló que mantienen una relación cercana con la Contraloría, lo que permite supervisar de forma efectiva a las instituciones públicas, garantizar el cumplimiento de las políticas de desarrollo y asegurar el uso adecuado de los recursos estatales, con la participación activa de todos los sectores representados en la Cámara.
Ferdinan Álvarez, presidente oficialista de dicha comisión, dio la bienvenida a los delegados indonesios, deseándoles una estancia agradable en Quito y la oportunidad de disfrutar la cultura, gastronomía y hospitalidad del país.
Argumentos
Informó que dicho órgano está conformado por 10 asambleístas de tres corrientes políticas distintas.
Álvarez explicó que en Ecuador, la relación con la Contraloría y otros entes de control se rige por un estricto respeto a sus competencias, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Al referirse al juicio político, detalló que este proceso inicia con una solicitud respaldada por al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea, la cual es evaluada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que verifica los requisitos formales antes de remitirla a la Comisión de Fiscalización para su trámite.
Finalmente, destacó que este tipo de intercambios son valiosos para fortalecer la labor de fiscalización, promoviendo procesos transparentes orientados a determinar responsabilidades políticas de los funcionarios públicos, sin invadir las atribuciones de otras instituciones como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía o el sistema judicial.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
