La audiencia preparatoria de juicio por el caso ‘Triple A‘ se reinstaló este jueves en Quito. Este caso judicial investiga el delito de comercialización ilegal de combustibles, presuntamente cometido por seis personas jurídicas y dieciséis naturales que incluyen al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Álvarez, un opositor del gobierno del presidente Daniel Noboa, fue acusado por una dependencia del Ejecutivo, la Agencia de Regulación y Control de Energía.
La Fiscalía, que ha acogido la denuncia del gobierno, ha presentado cargos sosteniendo que las empresas distribuidoras de combustible investigadas (propiedad de la familia de Álvarez) comercializaron grandes cantidades de diésel en varias estaciones en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos de la población para los cuales no está destinado ese beneficio, con lo que se habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
Las investigaciones de la agencia del Globierno aseguran que algunas estaciones de servicio de propiedad de la familia de Álvarez supuestamente vendieron más galones de diésel que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados. Los despachos se habrían hecho en 2023, según se detalla el expediente.
El juez Renán Andrade está a cargo del proceso. La audiencia de llamamiento a juicio se reinstaló este miércoles tras 23 días de suspensión.
De ser sentenciado, Álvarez y los demás acusados podrían ser condenados a penas de tres a cinco años de cárcel.
Álvarez, quien ganó la alcaldía de Guayaquil por las listas del correísmo, sostiene que la acusación de la Fiscalía es parte de una persecución política instigada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
