
Según el instituto Varieties of Democracy, España es el país de la OCDE que más ha empeorado desde 2019 en el ránking de países con más corrupción, pasando del puesto 23 al puesto 14 en 2024, es decir, sin contar todavía los escándalos recientes que han sacudido al PSOE desde junio de 2025.
Sin embargo, este no es el único organismo que habla de un alarm,ente aumento de la corrupción en España. Pues el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe de perspectivas económicas, presentado este jueves, precisa lo siguiente:
«El indicador de Corrupción política mide distintos tipos de corrupción diferenciando entre poderes y niveles del Estado. A diferencia del resto de indicadores, su escala es inversa, es decir, un valor más alto en el índice o una posición más elevada en el ranking indica una mayor presencia de prácticas corruptas. En este caso, España obtiene un valor de 10,3 sobre 100, situándose en la posición 14 de 38 países, siendo, por lo tanto, de los 15 países de la OCDE con mayor presencia de corrupción«, explica el organismo.
Según muestra la tabla de la OCDE, España es el país que más ha empeorado en este ránking, con un descenso del 178% en su puntuación en esos cinco años, seguida de Finlandia, Islandia y Portugal. En el lado opuesto, República Checa, Estados Unidos y Letonia son los que registraron las mejoras más notables entre 2019 y 2024.
El 91% de empresas españolas sienten que la corrupción se ha institucionalizado
Por otro lado, según evidenció un informe de la Comisón Europea, «el 91% de las empresas percibe que la corrupción está generalizada, frente a una media del 64% en la Unión Europea«, recuerda el Instituto. Por otro lado, según ese organismo, el 51% considera que la corrupción representa un obstáculo para su actividad empresarial, en comparación con el 36% de media en la UE. En este sentido, la Comisión ya ha recriminado que no se ha aprobado en España, ni empezado a elaborar, la estrategia nacional contra la corrupción, que la Ley exigía aprobar para septiembre de 2024.
Según el informe, España presenta un nivel de deficiencia regulatoria un 33,4% superior al promedio de la UE, «situándose en una posición desfavorable en comparación con países de referencia como Francia, Alemania y el Reino Unido». Asimismo, el índice revela que España también supera la media de la OCDE en términos de deficiencia regulatoria, lo que evidencia «un rezago significativo en la calidad del entorno normativo».