La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en Quito, recibió el pasado jueves, 17 de julio, los aportes de dos especialistas como parte del proceso de fiscalización sobre la transparencia en las acciones de operadores de justicia y otras autoridades.
Abordaron las consecuencias derivadas de situaciones que vulneran la integridad sexual y reproductiva, en el contexto de una denuncia contra el exasambleísta correísta, Santiago Díaz, acusado el anterior martes, 8 de julio, de supuestamente haber violado a una adolescente de 12 años.
María José López, psicóloga social comunitaria, explicó que los adolescentes de 14 años aún están en pleno desarrollo neurológico y biológico, lo que les impide tomar decisiones con implicaciones significativas.
Destacó que la toma de decisiones relacionadas con la sexualidad requiere una madurez integral que a esa edad no está completamente desarrollada. En casos de abuso sexual, señaló, pueden generarse consecuencias tanto neurobiológicas como psicosociales.
López detalló que las víctimas de abuso sexual pueden sufrir afectaciones psicológicas graves como trastorno de estrés postraumático, depresión, pérdida de memoria, dificultades para el aprendizaje, hipervigilancia y miedo persistente.
Subrayó la importancia de proteger prioritariamente a la víctima y evitar su revictimización.
No al consentimiento sexual
Por otro lado, Julieta Sagñay, experta en salud mental, manifestó que no es viable hablar de consentimiento sexual entre adolescentes debido al riesgo que implica.
Consideró que un proyecto de ley que permita esto podría interpretarse como una forma de legitimar ciertas parafilias, lo cual abriría la puerta a problemas psicológicos graves.
Durante la sesión de dicha comisión no estuvieron presentes los parlamentarios que inicialmente apoyaron la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, presentada el pasado jueves, 3 del presente mes, por Díaz.
En una rueda de prensa anterior, estos asambleístas recordaron que están facultados para presentar proyectos de ley según el numeral 1 del artículo 134 de la Constitución.
Señalaron que el pasado miércoles, 9 de julio, decidieron retirar su respaldo al proyecto, indicando que su apoyo inicial buscaba principalmente endurecer las penas por el delito de femicidio.
Recordaron que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto por incumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
- Diana Jácome (P) ADN7
- Edmundo Cerda (VP) PK18
- Isaac Solano ADN7
- Jorge Guevara ADN7
- Dominique Serrano ADN7
- Dina Farinango PK18
- Jorge Chamba ADN7
- Blasco Luna RC5
- Germania Romero RC5
- Otto Vera PSC6
Nota por: David Josue Quispe Franco.
