Con 78 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, archivó el pasado miércoles, 23 de julio, las reformas a la Ley que otorga rentas a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica (Decreto Ley 047), así como la inclusión de Santo Domingo de los Tsáchilas en el reparto de regalías de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
La razón principal fue que la propuesta no tiene validez legislativa, dado que únicamente el Presidente de la República tiene la atribución de presentar proyectos que impliquen un aumento del gasto público.
La asambleísta oficialista, Nathaly Farinango, quien preside la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, y fue la ponente del informe, señaló que, si bien es fundamental responder a las demandas ciudadanas, también es responsabilidad de los parlamentarios actuar con transparencia.
Indicó que el proyecto presenta inconsistencias e incluso elementos contrarios a la Constitución, al invadir competencias exclusivas del Ejecutivo y proponer nuevas preasignaciones prohibidas por la ley.
Avisos
Farinango advirtió que, de continuar el trámite y aprobación del proyecto, se pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal, ya que los recursos asignados a las provincias mencionadas por la venta de energía eléctrica, según lo estipulado en el Decreto Ley 047, no pueden ser reducidos. De este modo, se garantizaría el respeto a la Constitución, la legalidad, la seguridad jurídica y la estabilidad presupuestaria.
La comisión concluyó que la propuesta excede las atribuciones del proponente al implicar un aumento del gasto público; que las asignaciones establecidas en el Decreto Ley 047 están protegidas por la Constitución, según lo dispuesto en la Vigésimo Octava Disposición Transitoria; y que, conforme a la normativa vigente, ninguna ley o autoridad puede disminuir las rentas asignadas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Durante el debate, en el que participaron cinco asambleístas, algunos expresaron su respaldo a la propuesta argumentando que no afectaría directamente a los ciudadanos.
No obstante, también se recalcó que iniciativas de este tipo deben originarse desde el Ejecutivo, conforme lo establece la Constitución, y no desde la Asamblea, para evitar distorsiones legales.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
