El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador negó este sábado estar realizando deportaciones colectivas de presos hacia Colombia y aseguró que el proceso que se realiza desde este viernes se está llevando a cabo «en estricto cumplimiento» de la ley, en apego al derecho internacional y garantizando el respeto de los derechos de los reos.
«La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior garantiza el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia. Ecuador rechaza, por lo tanto, la afirmación de una supuesta deportación colectiva», indicó el ministerio.
La Cancillería respondió así a un comunicado de su par colombiano, que la noche del viernes expresó «su más enérgica protesta» contra Ecuador por comenzar «de manera unilateral» la deportación de colombianos presos en las cárceles ecuatorianas, lo que había impedido que se genere un protocolo de traslado digno.
Según Colombia, las autoridades ecuatorianas habían decidido dar inicio al proceso «sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».
870 colombianos que estaban en cárceles ecuatorianas
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó que «comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático».
«La ejecución de las deportaciones se realiza en coordinación con la Policía, garantizando un procedimiento seguro, ordenado y conforme al ordenamiento jurídico vigente», añadió la cartera de Estado ecuatoriana.
Los primeros presos de un colectivo de alrededor de 870 comenzaron a salir de diversas cárceles ecuatorianas y a llegar este viernes hasta la frontera con Colombia, donde estuvieron retenidos por varias horas debido a que se registraron problemas técnicos relacionados con el protocolo de ingreso al vecino país, que no estaba activo en ese momento.
Este sábado, la cancillería colombiana expresó que la decisión sobre dicha deportación se tomó de manera «unilateral» por parte de Ecuador. «De los más de seiscientos expulsados registrados a la hora, ya ingresaron al país cerca de 450, mientras que los demás se encuentran en el puente de Rumichaca a la espera», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado.
Quedarán libres al entrar en Colombia
De estos primeros 450 colombianos expulsados de las cárceles ecuatorianas, al menos 348 tienen antecedentes judiciales, agregó la Cancillería, que además informó haber solicitado mediante nota verbal la información correspondiente de los demás.
Al contrario de otras repatriaciones de presos realizadas anteriormente, donde debían seguir cumpliendo su condena en Colombia, los presos expulsados por Ecuador quedaron exonerados de continuar purgando su pena, por lo que recuperan la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la Justicia de ese país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el Estado ecuatoriano estaba en «permanente disposición» para el diálogo y la cooperación «en el marco del principio de igualdad soberana de los Estados».
Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que le ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, algo que el presidente Daniel Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de terroristas.
En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros que en ese momento eran unos 3.200 reos, equivalentes al 10 % de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana. EFE
