Con el voto unánime de los 146 parlamentarios presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó este martes, 29 de julio, una resolución titulada “Por la dignidad institucional y la ética parlamentaria”.
A través de este documento, se expresó un firme rechazo a la denuncia presentada contra el exasambleísta correísta, Santiago Díaz, quien está siendo investigado por la presunta violación de una adolescente de doce años.
Tras un extenso debate, el Parlamento dejó constancia de que, aunque debe respetarse la presunción de inocencia, las acusaciones han generado una profunda preocupación social y afectan negativamente la imagen de la Función Legislativa.
La resolución reafirmó que el comportamiento ético de los parlamentarios es un pilar clave para la legitimidad del órgano legislativo.
Señaló que principios como la integridad, la responsabilidad política, el respeto por los derechos humanos, la vocación de servicio y la conducta ejemplar deben guiar permanentemente el actuar parlamentario.
Que renuncia a curul
En este contexto, se exhortó a Díaz a que renuncie voluntariamente a su cargo, con el fin de preservar la transparencia del proceso judicial, facilitar la investigación en curso y salvaguardar la confianza ciudadana en el Legislativo.
Se instó a las autoridades judiciales y de control a proceder con rapidez, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, garantizando tanto la protección de la presunta víctima como el cumplimiento del debido proceso.
Durante la sesión, la proponente de la resolución, asambleísta oficialista, Mishel Mancheno, subrayó que la Asamblea atraviesa un momento que apela a su conciencia ética y política.
Aclaró que la decisión no responde a intereses partidistas, sino al compromiso con la ética institucional y la dignidad del Parlamento.
Opiniones
Agregó que no se puede guardar silencio frente a un hecho de esta gravedad y llamó a los asambleístas a actuar con responsabilidad.
El parlamentario correísta, Blasco Luna, resaltó que la ciudadanía exige transparencia y coherencia por parte del Parlamento.
Justificó su apoyo al cambio en el orden del día como una muestra de ese compromiso y reveló que existe otra denuncia por violación que aún no ha sido procesada.
“La fiscalización debe aplicarse por igual a todos”, afirmó.
Paola Jaramillo, del oficialismo, enfatizó que “nadie está por encima de la ley” y solicitó la renuncia inmediata de Díaz, calificando el delito como infame.
Oficialismo
“No toleraremos la impunidad, venga de donde venga”, remarcó.
Lucía Pozo, asambleísta oficialista, hizo un llamado a recuperar la confianza en el Legislativo con sinceridad y responsabilidad.
Destacó que, aunque el Parlamento heredó un prestigio institucional, también arrastra manchas del pasado, y expresó su apoyo a una presidencia comprometida con la dignidad parlamentaria.
Finalmente, Andrés Castillo, del oficialismo, criticó la “doble moral” de ciertos sectores políticos, denunciando contradicciones entre quienes hoy se escandalizan pero anteriormente respaldaron amnistías a condenados por delitos sexuales.
Reclamó coherencia ética y responsabilidad, sin recurrir a discursos vacíos.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
