Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, archivó este miércoles, 30 de julio, el proyecto de Ley para la Implementación de la Voluntad Popular expresada en la Consulta Popular y Referéndum del pasado domingo, 21 de abril de 2024, en lo referente a la Prohibición del Arbitraje Internacional.
Esto se debió a que dicha propuesta implicaba retrocesos legales, contravenía principios del derecho internacional y debilitaba la seguridad jurídica e institucional del Ecuador.
Keevin Gallardo, del oficialismo, quien presentó el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, señaló que el proyecto vulneraba normas internacionales y generaba incertidumbre jurídica.
Explicó varios principios del derecho internacional, tanto público como privado, que garantizan el arbitraje como un método efectivo para resolver conflictos.
Añadió que aprobar esta ley representaría un retroceso de más de cien años en la aplicación del derecho internacional.
De acuerdo con la comisión, el proyecto se basa en una interpretación equivocada del resultado de la Consulta Popular y Referéndum del anterior domingo, 21 de abril de 2024, ya que la voluntad popular no buscaba modificar el artículo 442, sino mantener su redacción actual.
Respaldo
En realidad, la intención era restaurar el contenido original de los artículos 102 a 106 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), los cuales regulan el procedimiento para el reconocimiento, homologación y ejecución de laudos arbitrales y sentencias extranjeras, incluyendo aspectos sobre competencia, requisitos procesales, causales de inadmisión y mecanismos de ejecución.
El proyecto contemplaba reestablecer el artículo 27 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que establecía un procedimiento escalonado para la resolución de disputas en materia de inversión, privilegiando primero el diálogo y la mediación, exceptuando los conflictos tributarios.
Esto podría haber afectado la competitividad del Ecuador en comparación con otros países de América Latina.
Durante el debate, en el que participaron cinco asambleístas, se expresaron opiniones favorables al archivo del proyecto por considerarlo perjudicial para los intereses nacionales.
Se argumentó que el resultado negativo en las urnas no obliga a una regulación en la legislación secundaria.
Sin embargo, hubo voces que defendieron la necesidad de regular el arbitraje, conforme a la voluntad popular manifestada en abril del año pasado.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
