El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, en Quito, suspendió este miércoles, 30 de julio, todos los derechos parlamentarios del exasambleísta correísta, Santiago Díaz, mientras se mantenga vigente la medida de prisión preventiva dictada en su contra por presuntamente haber violado a una adolescente de doce años.
Esta resolución se basó en una certificación emitida por la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia de la capital, que confirmó que Díaz se encuentra detenido desde el pasado martes, 22 del presente mes, en la Cárcel 4 de Quito.
La decisión fue tomada ayer por unanimidad y permitió al Parlamento realizar dos acciones principales:
- Nombrar de forma provisional a la parlamentaria alterna del correísmo, Annie Muñoz.
- Interrumpir el pago de salarios y beneficios económicos a Díaz, mientras permanezca privado de libertad.
«Sin pan ni pedazo»
El acusado ha estado ausente del Legislativo desde el anterior martes, 8 de julio, luego de que se conociera públicamente la denuncia por supuesto abuso sexual.
Al aproximarse un mes sin presentarse, el siguiente miércoles, 6 de agosto, el CAL optó por aplicar el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos.
El denunciado, quien formó parte anteriormente de la Revolución Ciudadana (RC5), intentó solicitar una licencia mientras resolvía su situación legal, pero esta fue negada por el CAL, presidido por el asambleísta oficialista, Niels Olsen.
Horas antes de esta resolución, el Pleno también aprobó, de forma unánime, un exhorto para que Díaz renuncie a su cargo “por respeto a la Asamblea, al país y al debido proceso”, según expresó la proponente del oficilismo, Mishel Mancheno.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
