La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente oficialista del legislativo, Niels Olsen, ofrecieron el pasado lunes, 4 de agosto, una inusual cadena nacional, en respuesta al reciente fallo de la Corte Constitucional (CC), que suspendió parcialmente varios artículos clave de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional.
“La CC le debe una explicación clara y fundamentada al país”, reclamó Rovira, quien estuvo acompañada por representantes del Bloque de Seguridad, entre ellos militares y policías.
Este pronunciamiento se produjo aproximadamente cinco horas después de que la Corte difundiera, a través de redes sociales, un comunicado anunciando que había admitido las demandas y ordenado la suspensión provisional de varios artículos de las mencionadas leyes.
Rovira cuestionó la falta de respaldo legal para las fuerzas del orden tras la decisión de la Corte y subrayó que la ciudadanía está cansada de excusas.
“Sabemos que atravesamos un momento complejo, pero estamos decididos a enfrentarlo con toda nuestra firmeza”, aseguró.
La intervención ocurrió luego de que dos tribunales constitucionales suspendieran provisionalmente unos 17 artículos relacionados con el estado de conflicto armado interno declarado por el gobierno del presidente reelecto, Daniel Noboa, como parte de su estrategia contra el crimen organizado.
Rechazo total
La ministra criticó duramente que la decisión se haya comunicado solo a través de un boletín, señalando que estas leyes eran instrumentos esenciales en la lucha contra el crimen, la impunidad y la desigualdad.
“Como si un simple boletín pudiera invalidar la voluntad de millones de ecuatorianos”, expresó. Además, afirmó que suspender esas leyes no es un acto neutral, sino que implica dejarlos sin herramientas legales para enfrentar a los delincuentes.
Rovira insistió en que la Corte le ha quitado a la ciudadanía el respaldo legal que tanto esperaba.
Olsen defendió la labor del Parlamento: “La Asamblea Nacional actuó con responsabilidad, mayoría y claridad al aprobar tres leyes que el país necesitaba urgentemente”.
Preguntó también quién asumirá la responsabilidad por la suspensión de estas normas ya vigentes.
“Quien toma una decisión de esta magnitud tiene el deber democrático y ético de explicarla. Un boletín no basta”, subrayó.
Finalmente, advirtió que no hay espacio para ambigüedades: “O se está del lado de quienes protegen al país o del lado de quienes debilitan su defensa y favorecen a los criminales”.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
