Guayaquil, Ecuador
Roma no cayó por invasiones, guerras, o cualquier historia que nos podríamos hacer en nuestra imaginación; esta maravillosa civilización cayó por errores de sus gobernantes, quienes -desde adentro- la fueron debilitándola, logrando que el gran imperio indestructible fuera tan liviano como un cartón.
Hace unos días, un asambleísta de Acción Democrática Nacional -el partido oficialista- inició un pseudo juicio político contra el consejero de participación ciudadana Gonzalo Albán, se preguntarán: ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la falta? ¿Es acaso Albán un corrupto?
Queridos lectores, temo decepcionarlos si estaban aquí para leer algo morboso, pero no lo será ya que: no existe delito, no existe falta y peor aún, no existe corrupción. Lo único que existe es la no sumisión y eso en regímenes como el actual -aparentemente- se paga y muy caro.
Una vez un famoso líder de la izquierda -a quien repudio profundamente- dijo en un juicio: “júzguenme, la historia me absolverá”; hoy estamos ante un caso de este tipo de envergadura, uno en el que solo la historia y el paso de los años dará cartas para saber que lo que se vive hoy es un absurdo en todas sus dimensiones. Pero saben que, no es necesario que pasen años, o que la historia lo absuelva, hoy lo hará la argumentación, y para vergüenza de estos legisladores, se las brindará un estudiante de derecho.
La Asamblea Nacional ejerce control político, lo que significa que, al juzgar, lo hace desde la perspectiva de la llamada responsabilidad política. Y es ahí donde se comete el primer error: se parte de un voto salvado del Tribunal Contencioso Electoral, el cual, además de no tener carácter político, carece de relevancia jurídica y lógica, ya que —numéricamente— un voto disidente entre cinco carece de peso decisivo.
Ahora bien, en caso de que haya existido un error por parte del tribunal, quien debería ser juzgado es el propio tribunal, no el consejero. Cuando se busca responsabilidades, el juicio debe dirigirse al origen del problema, no a sus consecuencias. Pero lo que sigue es aún más grave: se plantea un juicio político bajo la causal de supuesto incumplimiento de funciones. Y aquí surge una pregunta elemental: ¿es posible incumplir funciones que aún no se ejercen? La acusación no solo resulta burda y absurda, sino que evidencia un claro ánimo persecutorio. Ese es, lamentablemente, el talante del bloque legislativo que sostiene esta aberración.
Incluso resulta curioso que este juicio aparece en un momento en el que estamos a puertas de la organización de los concursos de méritos y oposición para la designación del futuro fiscal general del Estado. Será acaso esto algo que, como dirían las series de comedia, “cualquiera parecido a la realidad es pura coincidencia”.
La independencia de funciones del Estado es vital para salvaguardar la democracia; el presidente Noboa debe entender -o hacerle entender a los suyos- que aquellos que lo llevaron al poder son los mismos que repudiaron este tipo de acciones del correísmo, esa gente -sus votantes- estoy seguro que no quisieron cambiar un caudillo por otro, sino que quisieron cambiar de un modelo autoritario por uno: estadista, liberal y de acciones democráticas, como casualmente se llama su partido.
Lo cierto es que, frente a este tipo de comportamientos, debemos mantenernos vigilantes. La política no debe analizarse desde la subjetividad, sino con objetividad y sentido crítico. Los errores cometidos por unos deben ser juzgados con el mismo rigor cuando los cometen otros, porque por encima de cualquier interés personal o partidista está la institucionalidad: piedra angular de nuestra democracia misma que debemos proteger sin titubeos, incluso cuando implique asumir costos políticos o particulares. Como una vez lo expresó con firmeza el expresidente Febres-Cordero: “Por la patria, hasta el último sacrificio.”