Gobierno busca USD 545,82 millones con 'Ley de Fundaciones'

GxmsI3uW8AA9Y_- — El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, el pasado martes, 6 de agosto de 2025. Foto tomada de la cuenta del Parlamento en X.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, con mayoría oficialista, mantuvo el pasado miércoles, 6 de agosto, una sesión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como con actores del sector financiero, empresarial y de la sociedad civil en el contexto del análisis del cuarto proyecto de ley económico urgente, Ley de Transparencia Social (Ley de Fundaciones), presentado el anterior martes, 29 de julio, por el presidente reelecto, Daniel Noboa.

Durante la reunión, Andrea Sánchez, subsecretaria de Planificación, y Sebastián Londoño, subsecretario de Política Fiscal, expresaron el respaldo del ministerio a esta propuesta legislativa.

Cuyo propósito es establecer un marco legal que fomente la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todas las organizaciones que operan en el país, incluyendo fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y entidades sin fines de lucro.

Los funcionarios destacaron que la normativa busca reforzar los mecanismos para prevenir, detectar y controlar movimientos irregulares de capital, mediante una supervisión más eficaz encabezada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Ingresos

Entre los puntos clave del proyecto se encuentra la reforma al artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que contempla un impuesto único del 12 % sobre la distribución de dividendos o utilidades por parte de empresas domiciliadas en Ecuador.

Esta disposición pretende generar ingresos fiscales permanentes, con una proyección de recaudación cercana a los USD 545,82 millones, contribuyendo así a la sostenibilidad de las finanzas públicas, una mejor planificación presupuestaria y una menor dependencia de ingresos no recurrentes.

Desde la óptica del ministerio, esta iniciativa es crucial para consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir los riesgos fiscales, fortalecer la confianza institucional y avanzar hacia un sistema financiero moderno, alineado con estándares internacionales y que refuerce el esquema de dolarización del país.

Participación de sectores clave

Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, consideró positiva la propuesta que otorga a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la facultad de realizar retenciones anticipadas de fondos mediante medidas administrativas, lo cual permitiría una respuesta más rápida frente a posibles casos de lavado de dinero.

Subrayó la importancia de intensificar la supervisión sobre actores no financieros, los cuales suelen contar con bajos niveles de control.

Emilio Gallardo, director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, solicitó mayor claridad en la regulación aplicable a las organizaciones sociales, especialmente a los gremios empresariales y productivos que forman parte de ese ente.

Afirmó que, aunque el sector apoya las acciones contra el crimen organizado y el lavado de activos, es necesario diferenciar adecuadamente entre los distintos tipos de entidades sin fines de lucro, como fundaciones, corporaciones y gremios para evitar confusiones legales que puedan dificultar su funcionamiento transparente.

Finalmente, voceros de la Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo reiteraron el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil de participar activamente en la elaboración de una propuesta conjunta que asegure la correcta implementación del sistema de prevención del lavado de activos.

Insistieron en que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria adapte sus métodos de evaluación de riesgos a la diversidad del sector, asignando personal y recursos técnicos capacitados, y promoviendo un régimen simplificado que incluya asesoría gratuita y capacitación especializada para organizaciones con alto nivel de riesgo.