El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, recibió el pasado jueves, 7 de agosto, en comisión general, diversos testimonios y argumentos que respaldan esta propuesta legislativa antes del primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales.
La iniciativa busca impulsar el desarrollo integral y asegurar la protección y el ejercicio real de los derechos de más de tres millones de mujeres rurales en Ecuador.
Martha López, una mujer del ámbito rural, compartió su historia personal, en la que narró los episodios de maltrato y discriminación que ha sufrido, incluso dentro de su familia, donde ha sido ignorada.
Recalcó que esta ley es crucial para el empoderamiento femenino y para abrir oportunidades de superación.
Luz Haro Guanga, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, afirmó que esta normativa beneficiará a miles de mujeres del sector rural ecuatoriano.
En representación de millones de mujeres rurales de la región, subrayó que esta ley podría convertirse en un motor clave para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Pidió reconocer a las mujeres rurales como guardianas de la vida, la naturaleza, el agua y las semillas.
Datos alarmantes
Lady Cedeño, vicepresidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, intervino en representación de los 824 gobiernos parroquiales rurales, y presentó datos preocupantes sobre la realidad que enfrentan las mujeres rurales:
De acuerdo con cifras oficiales, el 18,6 % de la población del país está conformado por mujeres rurales; de ese grupo, el 61 % vive en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
En 2024, el 31,9 % de estas mujeres realizó trabajo no remunerado, superando por 25,6 puntos porcentuales a las mujeres que viven en áreas urbanas.
El 76,7 % de las mujeres rurales trabaja en el sector informal, y apenas un 11,5 % tiene acceso a un empleo digno.
En cuanto a educación, el 48 % ha terminado la educación básica, el 15,5 % ha accedido a estudios superiores, y solo el 2 % cuenta con un título de posgrado.
Destacó que el 54,8 % de las mujeres rurales mayores de 15 años ha sido víctima de violencia gineco-obstétrica.
Cedeño instó a que se escuchen las voces que han sido históricamente marginadas, se reconozca la participación activa de las mujeres rurales, y se consolide esta ley como una herramienta de justicia social, especialmente en lo referente al acceso a la tierra, una demanda constante de este sector.
Finalmente, el presidente oficialista del Legislativo, Niels Olsen, suspendió la sesión 025 del Pleno tras la lectura del informe para el primer debate.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
