Un juez de Ecuador envió este sábado a una cárcel de mujeres a José Arroyo, alcalde del municipio de Pujilí, quien en su documento de identidad está registrado como mujer, para que cumpla allí con una prisión preventiva mientras dura el proceso por presunto peculado (malversación de fondos públicos) que se sigue en su contra y otras dieciséis personas.
El magistrado iba a enviar inicialmente a Arroyo a una prisión de varones; sin embargo, el abogado del alcalde le pidió que pueda cumplir con la medida impuesta en la cárcel femenina Casa de Confianza, ubicada en el sur de Quito, la capital del país, ya que en su documento oficial consta como mujer.
Además de Arroyo, otras nueve personas irán a prisión preventiva, mientras que las siete restantes tienen prohibido salir del país y deben presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía.
Las diecisiete personas fueron detenidas el jueves en una veintena de allanamientos que se realizaron en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, cuya capital es Quito, en el marco de una investigación por posibles adjudicaciones irregulares de obras.
El Ministerio Público, que inició las indagaciones el 16 de octubre de 2024, ha puesto la lupa sobre contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando Arroyo asumió la Alcaldía.
«Se presume que el alcalde, junto con los demás implicados, habría utilizado bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su cargo o de sus facultades como servidor público», señaló la Fiscalía en un comunicado.
Según las primeras investigaciones, Arroyo habría iniciado obras públicas, como la construcción de iglesias, casas comunales y vías, antes de asumir oficialmente sus funciones y con recursos privados.
Posteriormente habría adjudicado esas mismas obras mediante procesos de contratación pública, «lo que podría evidenciar un intento de justificar con fondos municipales los gastos efectuados previamente».
«Inspecciones practicadas por los agentes investigadores revelaron inconsistencias entre los informes oficiales y el estado real de las obras, así como presuntos vínculos entre contratistas y personas investigadas», añadió la Fiscalía.
Denuncias de posible mal uso de cambio de sexo
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ mostraron el viernes su preocupación ante el posible «uso indebido» y «oportunista» de la normativa sobre cambio de sexo o género vigente en el país por parte del alcalde.
La denuncia de los grupos LGTBIQ+ nació después de que el canal de televisión Ecuavisa publicó los videos del momento de la detención de Arroyo, en los que se ve que un policía le dice que en su documento de identidad está registrado como mujer, por lo que era necesario que el alcalde les dijera cómo quería ser tratado.
«Como mujer, por favor», respondió Arroyo.
Las organizaciones señalaron que el cambio de sexo «ha generado sospechas sobre su intención», ya que Arroyo ha declarado públicamente «ser gay y no trans».
Aseguraron que la normativa actual no exige requisitos médicos ni psicológicos para estos cambios, basándose en el principio de libre desarrollo de la personalidad y que, si bien el cambio de nombre es un procedimiento que debe solicitarse por separado, «es considerado un derecho inherente para personas trans que buscan alinear su identidad legal con su autopercepción».
En este caso, dijeron los grupos, al omitir Arroyo su cambio de nombre, su actuación «contrasta con las prácticas habituales para personas trans».
Agregaron que el caso podría tener un impacto en la comunidad trans ecuatoriana, ya que «refuerza estigmas y dificulta el acceso equitativo al reconocimiento legal para personas trans, quienes enfrentan trabas sistemáticas documentadas desde 2015».
Los grupos pidieron una investigación transparente por parte del Registro Civil sobre este caso y una revisión a las políticas internas «para garantizar que los cambios de género, sexo y nombre se apliquen de manera equitativa, respetando la prioridad de las personas trans». EFE
