El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este martes su rechazo a los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador y los tachó de «inaceptables», unas declaraciones que se produjeron apenas minutos después de que finalizó una marcha multitudinaria en la ciudad de Quito, organizada por el presidente Daniel Noboa, contra las últimas decisiones del alto tribunal ecuatoriano.
«Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal», continuó el alto cargo de la ONU en un mensaje difundido en redes sociales.
Por su parte, la relatora de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, hizo un llamado para evitar que se instrumentalice la protesta a voluntad de actores de poder y que se manipulen necesidades de la ciudadanía o intereses de movimientos sociales para «justificar hostigamientos contra el poder judicial».
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) también se posicionó al respecto, al defender que la Corte Constitucional debe operar sin presiones políticas y reclamar al presidente que respete la independencia judicial, esencial para garantizar y proteger los derechos humanos.
El Washington Office on Latin America (WOLA) defendió que la independencia judicial no puede ser opcional y que es la base de toda democracia.
Presidente lidera marcha
Además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (la máxima instancia dentro de la justicia ordinaria de Ecuador), José Suing, hizo un llamado a instituciones públicas y sociedad civil para crear espacios de diálogo y así encontrar «soluciones adecuadas y viables» a la tensa situación que enfrenta el país.
Las reacciones se producen después de que, la mañana de este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, liderara una manifestación contra los jueces de la Corte Constitucional para rechazar su decisión de suspender parcialmente algunos artículos de las últimas leyes aprobadas, envueltas en mucha polémica al acumular numerosas denuncias por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Entre esos artículos figuran el que le confieren al mandatario prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.
Los artículos forman parte de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, por la vía económica urgente propuesta por el presidente. Esta modalidad legislativa permite aprobar leyes en un plazo inferior de 30 días.
A la marcha contra la decisión judicial también llegaron otros ministros del Ejecutivo como el de Interior, John Reimberg, y el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
Pancarta contra jueces
Además, apenas un par de horas antes del inicio de la protesta, aparecieron varias pancartas gigantes a lo largo del recorrido de la marcha con los rostros y nombres de los nueve jueces del alto tribunal. «Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían», podía leerse en el cartel.
La Corte Constitucional señaló en redes que el mensaje es una «estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este Organismo».
En su rueda de prensa semanal, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, negó este martes que el gigantesco cartel haya sido financiado con fondos públicos. EFE
