La Bancada Ciudadana anunció el pasado lunes, 11 de agosto, a las 14:36, a través de sus cuentas oficiales, que emprenderá todas las acciones necesarias de control y supervisión para evitar que se utilicen fondos públicos en la movilización convocada para hoy, a las 11:00, en Quito, por el presidente reelecto, Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional (CC).
Esta protesta «pacífica» fue anunciada el anterior miércoles, 6 de este mes, luego de que dicho organismo suspendiera de forma temporal varios artículos de leyes impulsadas por Noboa.
A través de un comunicado, el correísmo advirtió: «Ante los antecedentes de uso de recursos estatales para favorecer al partido de gobierno, desde la Bancada Ciudadana, nos comprometemos a vigilar que no se empleen los bienes del pueblo ecuatoriano para satisfacer intereses personales».
Subrayó que las verdaderas movilizaciones ciudadanas, nacidas de causas legítimas en defensa de la democracia y los derechos, no se comparan con la marcha convocada por el Ejecutivo, a la que consideraron carente de justificación genuina.
El mandatario, por su parte, adelantó que liderará una manifestación «pacífica» hacia la CC, argumentando que no se podía permitir que «nueve personas entronizadas», en alusión a los jueces, anulen leyes que, según él, pueden brindar «seguridad» a la población, una idea que reiteró a lo largo de la semana.
Respaldo del oficialismo
Altos funcionarios, como el ministro del Interior, John Reimberg; el de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, también se sumaron a las críticas contra los jueces del tribunal, llegando a calificarlos como «enemigos de la ciudadanía».
Varios asambleístas del oficialismo también expresaron su respaldo al primer jefe de Estado y pidieron licencia sin sueldo por horas a Niels Olsen, presidente oficialista del Legislativo, para participar en la marcha que arrancará desde desde el Puente del Guambra, en el centro norte de la capital, y avanzará hacia la Corte, en La Mariscal.
Dos días antes, la CC suspendendió temporalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública, estas dos últimas enviadas como urgentes por Noboa ante la Asamblea Nacional.
Estas iniciativas legislativas generaron rechazo por parte de colectivos sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos, quienes presentaron numerosas demandas de inconstitucionalidad, algunas de las cuales fueron admitidas a trámite, al considerar que dichas leyes afectaban varios derechos fundamentales.
Cabe destacar que, el bloque correísta no especificó cómo controlará al gobierno para que supuestamente no se malgasten los recursos estatales en dicho acto.
Nota por: David Josue Quispe Franco.
