Guayaquil, Ecuador
Las últimas cifras oficiales presentadas con corte a Junio 2025 muestran que en nuestro país solo 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo formal, el resto de personas que se encuentran buscando empleo tienen distintos grados de informalidad trabajando por su cuenta, en la calle, sin beneficios como seguro de salud entre otros. Y algunos simplemente sin ninguna fuente de ingreso.
Según varios índices de libertad económica en el mundo mencionan las dificultades y poca libertad de contratación de nuestro país con regulaciones excesivas y pocos incentivos para inversionistas nacionales y extranjeros.
Estas cifras hacen evidente la urgencia de una reforma laboral, que permita la creación de nuevas formas voluntarias de trabajo para todos los trabajadores del país, que tome en cuenta a jóvenes que desean estudiar y trabajar al mismo tiempo, familias que deseen combinar su vida laboral con la crianza de sus hijos, y también a personas mayores que siendo jubilados estarían gustosos de trabajar a tiempo parcial.
Los ecuatorianos tenemos un caduco y rígido código laboral de 1938 que no se ajusta ni se adapta al mundo globalizado en el que vivimos por lo que debe ser reformado tomando en cuenta el dinamismo de las nuevas tecnologías y las preferencias de quienes hoy determinan el futuro del país.
Es por esto que la propuesta actual del presidente de incluir una pregunta en la consulta popular para que la ciudadanía decida si está de acuerdo con el trabajo por horas en el sector turístico es una buena noticia, esto como forma de establecer un esquema laboral más amigable, aunque lastimosamente es dedicado solo a un sector determinado y no a todos los sectores de la economía.
Desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y el denominado «Foro Libertad y Prosperidad» que incluye a analistas periodistas, empresarios, profesores, académicos y miembros de la sociedad civil, creemos que se debe ir más allá con la pregunta para permitir contratos permanentes, por hora, a plazo fijo, por proyecto y por contrato, de manera que las diferentes modalidades de contratación permitan optimizar la productividad de los trabajadores, su experiencia previa, preferencias de tiempo y se ajusten a las condiciones de cada sector de la economía.
Un sistema de término de contratos laborales que sean justos para ambas partes y que puedan ser resueltos de manera ágil a través de métodos alternativos como mediación o el arbitraje especializado.
También recomendamos una política de fijación del salario mínimo anual basado en la productividad real de la economía y no en función de decisiones políticas y partidistas de turno.
Este conjunto de medidas contribuiría a que los ciudadanos puedan ser reasignados con mayor rapidez del sector informal al formal. Que las personas desempleadas pasen a ser contratadas, que los jóvenes puedan estudiar y trabajar si así lo requieren y que adultos mayores puedan permanecer o incorporarse al mercado laboral.
De no hacerlo seguiremos viviendo en una sociedad donde se favorece a muy pocos y se condena a la vasta mayoría de la población a trabajar solo para sobrevivir, sin poder realmente contribuir, a aumentar la productividad de todos y a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.