Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, con mayoría oficialista, aprobó el pasado miércoles, 13 de agosto, el informe para el primer debate del cuarto Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificada el anterior martes, 29 de julio, como urgente en materia económica por el Ejecutivo.
Esta iniciativa busca proteger al país frente a amenazas como el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión fiscal, promoviendo mayor transparencia e integridad en el manejo de recursos por parte de personas naturales, jurídicas y, especialmente, de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
La normativa propone un marco legal para prevenir y detectar movimientos irregulares de capital, asegurar que las organizaciones actúen conforme a su naturaleza y fines, fortalecer la cooperación entre instituciones y mejorar los sistemas de control, sin vulnerar el derecho legítimo a la libre asociación.
La entidad responsable de supervisar y controlar a las organizaciones sociales será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que aplicará un sistema de clasificación por nivel de riesgo (bajo, medio o alto), lo cual permitirá establecer obligaciones proporcionales a dicho riesgo.
Entre los requisitos principales se incluyeron mecanismos de transparencia activa, auditorías internas y externas, controles de debida diligencia y sistemas de integridad institucional, como códigos de ética, gestión de conflictos de interés y canales para denuncias.
Se planteó la creación del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, una plataforma digital de acceso público que centralizará información legal, financiera y operativa de estas entidades, garantizando trazabilidad y control.
Registro obligatorio
El registro en este sistema será obligatorio para operar en el país, y su actualización deberá cumplir con principios de veracidad y confidencialidad.
La propuesta también incorpora un enfoque basado en riesgos, ofreciendo incentivos a las organizaciones que apliquen buenas prácticas de integridad, otorgándoles prioridad en programas de cooperación y alianzas.
Se aseguró que las medidas de control no podrán utilizarse con fines de persecución política ni para limitar injustificadamente la libertad de asociación.
La urgencia de esta ley se respalda en datos alarmantes: entre 2007 y 2020 se movilizaron más de 22.600 millones de dólares sin justificación dentro del sistema financiero, y solo en los primeros cinco meses de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Economía (UAFE) detectó transacciones sospechosas por 600 millones.
La UAFE actúa como un ente técnico de inteligencia financiera, clave para garantizar la transparencia en el sistema económico del país.
Se estima que el lavado de activos representa un 17% del impacto económico del país, solo superado por el narcotráfico, con un 23%.
Con esta normativa, Ecuador busca reducir el uso indebido de organizaciones sociales para lavar dinero, reforzar la supervisión y transparencia en el uso de fondos, proteger el sistema financiero y la seguridad nacional, y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
- Valentina Centeno (P) ADN7
- Diego Franco (VP) ADN7
- Steven Ordóñez ADN7
- Lenin Alejandro Lara ADN7
- Alex Morán ADN7
- Mishel Mancheno ADN7
- Jesús Arias Excorreísta y actual independiente
- Diego Salas RC5
- Sergio Peña Excorreísta y actual independiente
- Mabel Méndez RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco.
