Guayaquil, Ecuador
Mientras el gobierno promete cambios para el sector arrocero, los productores enfrentan incertidumbre cosecha tras cosecha. La improvisación y la falta de estrategias y políticas para gestionar los excedentes del producto reflejan una incapacidad institucional que pone en riesgo el bienestar económico de los productores y la seguridad alimentaria del país.
Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el arroz contribuye con el 2% al Valor Agregado Bruto (VAB) Agropecuario. Genera empleo directo para más de 75,000 personas en 66,504 unidades de producción agropecuaria (UPAs).
Con una superficie promedio anual sembrada de 305,000 hectáreas, el 95 % de la producción nacional proviene de las provincias de Guayas y Los Ríos. El arroz es un alimento base en la dieta ecuatoriana, con un consumo promedio de 50 kilogramos por persona al año.
Sin embargo, el Estado no cuenta con infraestructura para el almacenamiento de granos, tras la liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), cerrada por mala administración y escándalos de corrupción.
A esto se suma la falta de un sistema de información confiable que permita conocer con precisión la superficie sembrada y la que está por cosechar. Esta carencia representa uno de los problemas estructurales más graves del sector.
Para la cosecha de verano 2025, según fuentes de los gremios de productores, se estima una producción de 700,000 toneladas de arroz paddy (arroz con cáscara, tal como se cosecha), provenientes de unas 140,000 hectáreas cultivadas. Se proyectan excedentes entre 60,000 y 70,000 toneladas, aunque podrían ser menores por la presencia de la plaga sogata (insecto que se alimenta de las hojas y es vector de virus), especialmente en Los Ríos.
Este año, la cosecha de verano (época seca) presenta condiciones atípicas debido a factores climáticos que retrasaron las siembras. Se iniciará en la segunda semana de septiembre y se extenderá por apenas tres meses, en lugar de los seis habituales (junio a diciembre). Esta reducción del ciclo podría provocar una caída en los precios al productor si no se implementan medidas urgentes para manejar los excedentes.
La primera semana de agosto, el ministro de Agricultura y Ganadería anunció la compra de 50,000 toneladas de arroz cáscara paddy como respuesta a las protestas de los agricultores por los bajos precios.
Por su parte, el Ministerio de Producción informó que, ante la decisión de Colombia -mercado tradicional de nuestros excedentes- de no importar arroz ecuatoriano por su superávit interno, se analizan posibles nuevos destinos como Honduras, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
Sin embargo, la búsqueda de mercados externos no debería ser una decisión improvisada ante la proximidad de la cosecha, sino una estrategia permanente de los sectores privado y público. Esta planificación debió iniciarse en 2012, cuando entró en vigor el tratado de libre comercio entre Colombia y EE. UU., que implicaba el riesgo de perder gradualmente el mercado colombiano. Además de estar sujeto a las fluctuaciones en la producción interna de dicho país.
Hasta el momento, los anuncios del gobierno siguen siendo solo eso: anuncios. Nada se ha concretado, y la cosecha está por comenzar. El problema de la comercialización del arroz se profundiza cada dos años, debido a los desequilibrios cíclicos entre oferta y demanda.
La situación se agrava por múltiples deficiencias estructurales e institucionales, tales como: la falta de transparencia en la formación de precios, el escaso uso de semillas certificadas, falta de infraestructura para almacenamiento, la presencia excesiva de intermediarios. A esto se suma, la débil coordinación entre participantes de la agrocadena, los gremios de productores no tienen poder político ni económico, la carencia de líneas de crédito y el bajo nivel de tecnificación.
Estas condiciones revelan que el problema de fondo no radica en los costos de producción, sino en la baja productividad. Como consecuencia, impacta la competitividad, tanto en el mercado interno como en el externo.
Ante este escenario, se debe implementar como política un programa de incentivo al almacenamiento de arroz cáscara, utilizando la capacidad instalada de las piladoras privadas. Esta medida, aplicada con éxito en países como Colombia, busca estabilizar el mercado y proteger los ingresos de los productores. El Estado podría destinar aproximadamente $30 por tonelada almacenada, hasta un máximo de 55,000 toneladas, comercializándose en momentos de menor oferta a través de la Bolsa de Productos o directamente con mayoristas.
Adicionalmente, se requiere establecer líneas de crédito a seis meses plazo, otorgadas por la CFN a los piladores para facilitar la movilización de la cosecha y la compra directa a los agricultores.
Estas dos políticas están orientadas al manejo de excedentes y a la estabilización del mercado.
Pero lo más importante es transformar el modelo productivo, superando los problemas estructurales e institucionales. Esta transformación exige que productores, agroindustria y Estado construyan una visión compartida basada en tecnología, productividad y competitividad. En lo institucional, es tiempo de pasar de una cultura de conflictos a una de colaboración.