La Corte Constitucional celebró la audiencia para evaluar la legalidad de la primera de las tres polémicas leyes que el tribunal ha suspendido de manera parcial como medida cautelar hasta determinar su legalidad, lo que ha llevado al presidente, Daniel Noboa, a señalar a los magistrados de ponerse en contra de la seguridad del país.
La Ley de Solidaridad Nacional, al igual que las otras, ha acumulado numerosas demandas de inconstitucionalidad por considerar que vulnera diversos derechos fundamentales, lo que ha llevado a la Corte a suspender cautelarmente varios aspectos como el pode de indulto anticipado que se le daba a Noboa para policías y militares que sean procesados por delitos cometidos durante la «guerra» declarada al crimen organizado.
El Gobierno de Ecuador y los denunciantes mantuvieron un cruce de acusaciones durante la audiencia, donde se expusieron argumentos a favor y en contra de la norma que los magistrados valorarán para aprobarla o rechazarla definitivamente.
Por ejemplo, los denunciantes acusaron al Ejecutivo de no haber sido capaces de justificar que la actividad de las bandas criminales, que ha generado una crisis de violencia sin precedentes en el país, alcance el estatus de crimen organizado.
Por otro lado, el Gobierno de Ecuador defendió que la ley, al combatir las economías criminales, justifica su aprobación mediante la vía económico-urgente. Así lo expuso el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, quien defendió que la norma pretende destruir esta forma de financiación y recuperar el tejido social ciudadano.
Durante el acto judicial, que se realizó vía telemática, se analizaron las cinco demandas presentadas contra la norma y se desarrolló en torno a tres ejes: la forma de la ley, las posibles infracciones constitucionales y caracterización del «conflicto armado interno» declarado por Noboa desde inicios de 2024 contra el crimen organizado, además de otras cuestiones consideradas inconstitucionales.
Después de seis horas y media, la audiencia se paralizó para reanudarse en la mañana de este martes.
Forma de la ley
En cuanto a la forma de la ley, los abogados que representaban a los demandantes criticaron la vía por la que se tramitó la norma. Esta fue presentada como de carácter económico-urgente, una alternativa legislativa que permite aprobar las leyes en un plazo de apenas 30 días.
Sin embargo, la principal crítica radicó en que la ley apenas regula aspectos económicos, sino que se centra en cuestiones de seguridad nacional. Por ello, desde su punto de vista, no debería haberse presentado como una ley necesaria en materia económica.
Por su parte, los representantes de la Asamblea Nacional (Parlamento), Ministerio del Interior, Presidencia y Procuraduría defendieron que la norma era indispensable para combatir el auge de la violencia y que sí es una ley económica porque busca golpear el financiamiento del crimen organizado.
Polémica por el conflicto armado interno
Respeto a los «indultos anticipados», los demandantes argumentaron que la definición internacional de «grupo criminal» pasa por que estas bandas puedan mantener operaciones militares sostenidas en el territorio, algo que, según su exposición, no ocurre en el país andino.
En la misma línea, señalaron que el nivel de violencia que atraviesa el país no es suficiente para declarar un conflicto armado interno.
Es por ello que consideran que la militarización que permite la Ley de Solidaridad no se ajusta a las necesidades reales del país.
Este argumento fue rechazado de forma tajante por los representantes del Ejecutivo.
Desde el Gobierno sostuvieron que la situación actual del país, que el primer semestre registró el mayor número de homicidios de su historia reciente, merece de un marco jurídico específico contra el crimen organizado desde que el asalto al canal TC Televisión en 2024.
Audiencias en la Corte
En los próximos días, la Corte Constitucional también tratará las otras leyes que han sido demandadas por diversas organizaciones, entre ella la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia.
La primera ordena a las cooperativas de ahorro y crédito volverse sociedades anómicas e integrar el sector financiero privado, entre otros aspectos; y la Ley de Inteligencia permite a los agentes de inteligencia adquirir identidad y al Gobierno solicitar información de usuarios a las compañías de telefonía.
Las audiencias iniciaron en mitad de un pulso político que se intensificó el pasado 12 de agosto cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideró una nutrida marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a su decisión de suspender parte de sus normas. EFE