Representantes del Gobierno de Ecuador y de las organizaciones sociales volvieron este miércoles a la Corte Constitucional (CC), esta vez para defender cada uno, en una audiencia, su postura ante la segunda de las tres polémicas leyes que el alto tribunal suspendió de manera parcial.
En concreto, la ley de Integridad Pública acumula hasta 26 demandas de inconstitucionalidad por parte de diversos sectores de la sociedad. Algunos de ellos participaron en esta audiencia, que se realizó de manera telemática y a la que estaban llamados a comparecer más de 100 personas.
Las mismas organizaciones convocaron una protesta frente a la sede de la CC a las 9:30 hora local (14:30 GMT), media hora antes del inicio de la audiencia.
La norma destaca especialmente por su reforma de la contratación pública y su intención de evitar la corrupción en el sector público. También incluye modificaciones de la ley de Servicio Público, la implementación de un portal de contratación pública y la creación de un registro único de proveedores.
Tres puntos polémicos
Existen tres puntos especialmente polémicos. Por un lado, la ley obliga a las cooperativas de ahorro y crédito a volverse sociedades anónimas e integrar el sector financiero privado.
Por otro, modifica el Código de la Niñez, permitiendo que, en caso de delitos muy graves, los presuntos delincuentes menores de edad sean juzgados como adultos. Y por último, y según los sindicatos en contra, desestabiliza las condiciones laborales de los empleados públicos.
Andrés Quishpe, representante legal de la Unión Nacional de Educadores (UNE), una de las organizaciones más críticas a la ley, expuso que ésta abre la puerta a que «los funcionarios sean despedidos de la noche a la mañana».
Este argumento, que llevan defendiendo desde la entrada en vigor de la norma, es uno de los más recurrentes entre los sectores críticos. De hecho, un plan de eficiencia del Gobierno, que inició en julio, contempla el despido de 5.000 funcionarios, algo que ha sido percibido como una primera consecuencia de la ley.
Otro abogado también consideró inconstitucional juzgar como adultos a los menores infractores y recordó que contradecía estándares internacionales. Además argumentó que la redacción de la norma es imprecisa. no aporta seguridad jurídica y tampoco cumple con la unidad de materia, aseguró.
Otras organizaciones en contra son la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje), la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación Médica Ecuatoriana y colectivos feministas como Mujeres por el Cambio.
Audiencias en la Corte
Esta es la segunda de las tres audiencias programadas. La primera, relativa a la ley de Solidaridad Nacional, se celebró el pasado lunes, y la próxima, sobre la ley de Inteligencia, será el próximo 1 de septiembre.
Esta última norma es criticada porque permite a los agentes de inteligencia adquirir otra identidad y al Gobierno solicitar información de usuarios a las compañías de telefonía.
Las audiencias iniciaron en medio de un pulso político que se intensificó el pasado 12 de agosto cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideró una nutrida marcha hacia la CC en rechazo a su decisión de suspender parte de sus normas, que considera indispensables para continuar en su lucha contra la inseguridad. EFE