Martín Magram, el abogado de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, cuestionó este domingo la veracidad de los audios que dieron origen a la investigación judicial por presuntos sobornos en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
«Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa. En febrero, el mismo juzgado, con dictamen del fiscal (Carlos) Rívolo, archivó una causa prácticamente espejo. Se llegó a la conclusión de que la empresa no tuvo trato diferencial ni contratación directa”, aseguró Magram en una entrevista con Radio con Vos.
En los audios adjudicados al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, se describe un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que tendría como principal responsable al subsecretario de la Presidencia Eduardo ‘Lule’ Menem.
También aluden a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario argentino, Javier Milei, como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa.
El letrado sostuvo, además, que presenció el allanamiento ordenado por la Justicia a las oficinas de Suizo Argentina y remarcó: “La orden tenía tanta información que pone realmente en jaque todo lo que se llevase, incluso el funcionamiento de la droguería”.
Según explicó, durante el procedimiento fueron incautados servidores, computadoras y documentación ajena a la relación financiera bajo investigación.
Según Magram, las medidas judiciales constituyen “una expedición de pesca” y se asemejan a “una caza de brujas” contra la familia Kovalivker, que, aclaró, “está a disposición de la Justicia”.
Además, señaló: “Esto está hecho para todos los matutinos (periódicos) porque estamos en un proceso preelectoral. Se reeditó una denuncia que es exactamente una copia de lo que ya se ha investigado y archivado”.
El escándalo por presunta corrupción se desató el 20 de agosto pasado, cuando medios locales difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente.
El Gobierno de Milei ha rechazado las sospechas de corrupción y atribuyó la difusión de los audios a maniobras políticas para perjudicar al oficialismo de cara a las elecciones legislativas.
Tras conocerse los audios, el Ejecutivo separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la Andis y ordenó una auditoría interna en el organismo. EFE