Guayaquil, Ecuador
La crisis del sector sanitario en nuestro país es tan solo el preludio de una administración que se sostiene en retóricas y no en obras. El Estado ecuatoriano ha abandonado desde hace años este sector tan importante, y consigo se han venido arrastrando problemas, llegando al punto actual: un sistema insostenible, colapsado y cuyo servicio es en demasía deplorable.
Cuando se habla de esto, los voceros oficialistas solo exclaman “este es un problema desde hace años” o su ya respuesta confiable “la culpa es de Correa”. Vaya, parece que les han enseñado que administrar una cartera de Estado es tan fácil, tanto que solo basta con decir esa frase y mágicamente los errores cometidos, o la solo ausencia de su accionar ya se ve disipada. No, así no funciona.
No se trata de señalar culpables, sino de enfrentar la realidad. La política no debería ser un escenario de acusaciones altisonantes que, entre discursos y aplausos, pretenden enterrar la verdadera responsabilidad. El país atraviesa un abandono palpable: los hospitales carecen de medicinas —una carencia que no es nueva, pero que hoy alcanza dimensiones más graves—, las Unidades de Policía Comunitaria apenas funcionan a medias, y no se trata de una metáfora.
Basta recorrer los barrios: donde antes había tres UPC, hoy queda solo una, mientras las otras dos se alzan como ruinas silenciosas. Edificios vacíos, espectros de lo que alguna vez fue protección, símbolos concretos del abandono estatal de la seguridad. Paradójico resulta que esto ocurra en un país cuyo gobierno proclama con firmeza estar en guerra contra la inseguridad.
Las carreteras están en buen estado solo las concesionadas, las demás -administradas por el Estado directamente- no lo están, y peor aún, las que son para viajar por y para la sierra son las que están en peores condiciones, ¿acaso no importa el riesgo?
Continuemos con el análisis. Las escuelas públicas, también sumidas en el abandono, ofrecen otro rostro de la desidia. Hace apenas unas semanas se conoció una noticia insólita: en ciertos establecimientos se pedía a los padres de familia que compraran bancas. Sí, queridos lectores, bancas, porque de lo contrario no había cómo garantizar a sus hijos algo tan elemental como el derecho a la educación.
Resulta contradictorio en un país cuya Constitución proclama solemnemente la educación de calidad como un derecho fundamental. Pero la realidad nos demuestra que el respeto a la Carta Magna no siempre ocupa un lugar prioritario en el Ejecutivo, que incluso llega al extremo de marchar contra jueces cuya única falta es cumplir con su deber.
Y después de recordar todo esto, que ya lo sabemos porque lo vivimos y palpamos diariamente ¿Qué sigue? Solo nos queda levantar voces, porque no es posible que ante tanto abandono el Estado solo responda lanzando culpas y publicando tik toks en los cuales nos hacen creer que vivimos en Suiza, cuando estamos cada vez más cerca de lugares a los cuales nunca quisimos llegar y por lo cual le dimos el voto de confianza a esta alternativa. Ya entenderán a cuál me refiero.
Esto no pretende ser una acusación, no podría serlo; solo quienes habitan las entrañas del Ejecutivo conocen la verdad de lo que ocurre. Más bien, es un mensaje que nace desde la ciudadanía —a la que suelen llamar mandante— para exigir explicaciones y, de una vez por todas, acciones concretas.
No queremos videos, ni echaderas de culpas a ex presidentes, sino soluciones traducidas en: hospitales dignos, carreteras decentes, UPC activos y escuelas públicas donde se imparta educación y no pena.