Tras diez años de negociación, Ecuador firmó con Corea del Sur el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), que elimina aranceles para el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana y abre un mercado de 51 millones de consumidores. El tratado comercial también reducirá los precios de autos, electrodomésticos, tecnología y cosméticos coreanos en Ecuador, marcando un hito en la relación comercial bilateral.
Según fue informado en redes socialles, el acuerdo fue firmado por el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yeo Han-Koo, en una ceremonia oficial en Seúl. El evento contó con la presencia de empresas coreanas importadoras y con interés en productos ecuatorianos.
De este modo, con la la entrada en vigor del SECA, productos emblemáticos como camarón, cacao, café, banano, pesca, lácteos y chocolates podrán llegar con mayor competitividad al mercado coreano. Además, cárnicos, papas congeladas, piña y arándanos se perfilan como nuevas apuestas de exportación.
Ecuador era el único país de la costa del Pacífico que no contaba con un acuerdo comercial con Corea del Sur. Para que éste entre en vigencia deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional y por la Corte Constitucional.
Las negociaciones tuvieron altibajos. Quedaron paralizadas en 2016, y recién se retomaron en febrero de 2022, en el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso. Para octubre de 2023, se avanzó hasta la pre-firma del acuerdo comercial. Ese era el paso previo para la firma definitiva del tratado comercial.
Sin embargo, tras la declaratoria de muerte cruzada, Lasso dejó de manera anticipada el poder, el 23 de noviembre de 2023. Además, en Corea también hubo cambios políticos y protestas por una polémica ley marcial en 2024.
Finalmente, en agosto pasado, el Ministerio de Comercio confirmó que el acuerdo estaba listo para firmarse el 2 de septiembre, en Corea del Sur.
Luego de la firma, el acuerdo deberá ser aprobado por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional para que entre en vigencia. (I)
