Guayaquil, Ecuador
Ecuatoriano, ¿usted pagaría 200 dólares mensuales a alguien hasta su muerte a cambio de nada? Esto es lo que implica el mantener en vigencia la jubilación patronal.
El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, decía que no hay nada más eterno que una medida temporal del gobierno. Y eso es justamente lo que ha sido la jubilación patronal en nuestro país, que nació en 1937 como medida temporal, y que debía desaparecer en 1950 pues serviría como sustituto de la recién creada seguridad social mientras esta se instituía en el Ecuador, pero que, luego de varias décadas se ha convertido en una carga perpetua para las empresas.
La jubilación patronal es un beneficio que obliga al empleador a pagar una pensión mensual al trabajador que haya laborado 25 años o más en la misma empresa, el objetivo era proteger a aquellas personas que quedaban fuera del Seguro Social que no contaban con los años requeridos para jubilarse.
En la actualidad, menos del 2% de los trabajadores logra acceder a este beneficio, pero que impacta negativamente a todos los trabajadores del país. Es por esto, que lo que hoy se intenta presentar como un derecho no es más que un perjuicio que incrementa los costos, promueve la informalidad y desincentiva la contratación formal de largo plazo.
El resto de trabajadores que no llegan a gozar de este beneficio, suelen ser despedidos antes de cumplir los 25 años de trabajo y en una edad donde es más difícil reinsertarse en el mundo laboral.
Las empresas prefieren terminar contratos antes de los 20 años de trabajo para evitar el pago de estos costos que duplica obligaciones porque el empleador ya financia la jubilación con el aporte patronal.
Actualmente el Ministerio de Trabajo se encuentra desarrollando una propuesta que contempla la creación de un fondo común en el que aportarían tanto empleadores como trabajadores, pero que de llevarse a cabo simplemente seguirá encareciendo todavía más los contratos de trabajo.
La realidad, es que esta cuestión debe ser eliminada, no sustituida por otro supuesto beneficio, se debe dejar de condenar a los trabajadores al desempleo anticipado.
Lo que realmente promueve el empleo pleno no son más costos para las empresas disfrazados de derechos, sino fomentar la inversión, creación de empresas y eliminar de una vez por todas nuestro caduco código laboral para pasar a uno que se ajuste a la realidad en que vivimos.