Emilio Gallardo González
Guayaquil, Ecuador
Los pequeños agricultores del país enfrentan significativas limitaciones para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo social. Carecen de acceso adecuado a crédito, inversión, tecnologías y mercados que les permitan transformar su trabajo productivo en un verdadero catalizador de progreso.
Esta situación no solo afecta al ámbito rural, sino que tiene implicaciones en la seguridad de las zonas urbanas, ya que existe una vinculación directa entre el desarrollo rural y la estabilidad social.
Del mismo modo, el desarrollo del área rural es fundamental para frenar o disminuir la migración hacia las ciudades, dado que estas no tienen la capacidad de proveer servicios a una población en constante crecimiento.
Por ello, es fundamental implementar políticas integrales de crecimiento económico que generen oportunidades en el agro. Estas políticas no solo promueven al bienestar rural, sino que también reducirán el riesgo de instabilidad y contribuirán a la seguridad en los sectores urbanos.
En Ecuador este segmento de agricultores con menos de 10 hectáreas, representa el 75% de las unidades de producción agropecuaria y ocupa el 17% de la superficie agrícola total.(INEC-ESPAC)
Con relación a la agricultura familiar campesina, se estima que produce aproximadamente el 65% de los alimentos que consumimos. Se caracteriza por el trabajo en pequeñas unidades de producción, que integran aproximadamente el 60% del total de propietarios.
Estas unidades poseen el 6.4% del total de la superficie cultivada y emplean, en un 79,62%, mano de obra familiar, mientras que el 20,38% corresponde a trabajadores remunerados contratados.
Además, el ingreso promedio anual varía entre los $3,000 y $5,700 según el tipo de cultivo, tamaño de predio, mercados, la región y otros factores de acuerdo con estudios del MAG. Apenas el 10.18% de los productores tienen acceso al crédito, y el 89.28% carece de sistemas de riego.
Entre las estrategias de desarrollo que deben implementarse se encuentran las políticas de crédito destinadas a promover la adquisición de activos de capital y tecnologías que representan inversiones que contribuyen a generar ingresos sostenibles para el crecimiento a largo plazo.
En consecuencia, su implementación es crucial, puesto que los pequeños agricultores están inmersos en un “círculo vicioso”: la productividad es baja porque la inversión es insuficiente; la inversión es baja debido al escaso ahorro; el ahorro es limitado porque los ingresos son reducidos; y los ingresos son bajos como resultado de una baja productividad. De esta manera, se perpetúa el nivel de pobreza.
Para revertir esta situación, es indispensable romper dicho ciclo mediante el acceso a crédito a largo plazo (7 a 20 años) y con intereses preferenciales (1% a 3%). Este crédito debe permitir a los agricultores capitalizarse mediante inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, infraestructura, sistemas de riego, renovación de cultivos y tecnologías que mejoren la productividad y competitividad, y, con ello, sus condiciones de vida.
Asimismo, ante la falta de ahorro, —un factor clave en la escasa inversión— y, por ende, en la baja productividad, este tipo de financiamiento requiere subsidios. Dependiendo del tipo de activo y tamaño del productor, estos podrían oscilar entre el 30% y 50% del valor de la inversión. Es decir, se trata de un beneficio no reembolsable para los agricultores, donde el subsidio se aplica como abono al crédito.
En este caso, el subsidio no constituye asistencialismo, sino una política productiva enfocada en capitalizar al pequeño productor.
Desde la perspectiva de la producción, está comprobado tanto en la práctica como en estudios realizados por diversas universidades de Latinoamérica y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), que este tipo de crédito tiene un impacto directo en la productividad y el crecimiento, con promedios que oscilan entre el 30% y 60%. Además, ayuda a reducir los costos de operación y facilita el acceso a nuevos mercados.
Estos beneficios se explican, por el papel estratégico que desempeña el crédito productivo en activos de capital, considerado un motor clave para transformar la productividad agrícola. Se estima que, por cada unidad adicional de crédito, la actividad económica en términos netos se incrementa en 0,14 unidades en el corto plazo y en 0,18 en el largo plazo.
Igualmente, se generará más empleo rural, un mayor consumo local y un incremento en la recaudación del IVA. En el ámbito social, se contribuirá a la reducción de la pobreza, a una menor migración del campo a la ciudad, a una mayor seguridad alimentaria y a la estabilidad social en las zonas urbanas.