El correísmo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria realizada este viernes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, emitida por decreto sin haber solicitado antes un dictamen a favor a la Corte Constitucional, como establece la actual carta magna.
Viviana Veloz, asambleísta correísta de Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares al decreto dictado por Noboa para celebrar el referéndum sobre la Constituyente sin el dictamen previo del máximo tribunal de garantías del país.
En su lugar, el mandatario envío la pregunta directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice la consulta a la vez que las demás preguntas de reformas constitucionales que Noboa ha impulsado en los últimos meses, como la posible reinstauración de bases militares extranjeras en el país.
Con una Asamblea Constituyente, Noboa pretende cambiar la carta magna aprobada durante el mandato de Correa para redactar un nuevo texto que permita una mayor liberalización de la economía y una nueva estructura estatal y judicial que permita al actual mandatario llevarla a la práctica su plan de gobierno.
«Imponer una Asamblea Constituyente es un atropello a la democracia, es abrir la puerta al autoritarismo y a la incertidumbre (…) los ciudadanos de este país le exigen salud, seguridad y empleo, y no se soluciona con un manotazo a la Constitución», declaró Veloz.
La asambleísta informó de que también acudirán a organismos internacionales para buscar respaldo y advirtió al CNE que su obligación es remitir de forma inmediata el Decreto 148 a la Corte Constitucional y que, en caso de no hacerlo, se estaría arrogando funciones.
«Les conminamos a los consejeros del CNE que dejen de pervertir y convertir al órgano electoral en la oficina para satisfacer los caprichos del huésped de (Palacio de) Carondelet (sede de la Presidencia y del Ejecutivo)», señaló la asambleísta.
Por su parte, el expresidente Correa publicó en sus redes que «el problema es que un niño tonto y engreído como Noboa confunde jefatura de Estado con gamonal de hacienda».
La prefecta de Pichincha (también de RC), Paola Pabón, sostuvo que ningún político ni autoridad está por encima de la carta magna y que convocar a una Constituyente sin el pronunciamiento previo de la Corte es vulnerar el pacto social y debilitar el Estado de derecho.
La polémica convocatoria para poner en marcha el proceso de una Asamblea Constituyente coincide con la lucha abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a la que acusó de hacer «activismo político» al limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
«La obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano», dijo la Presidencia en un comunicado al anunciar el decreto para la convocatoria del referéndum para la Constituyente.
Según la Constitución, una consulta popular solo puede ser convocada después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, algo que no ha sucedido hasta el momento pues el presidente no envió esta pregunta a la Corte. EFE (I)