Una madre llega al hospital de Guayaquil con su hijo de 19 años, tembloroso y confundido tras varios días consumiendo cocaína y alcohol. Pide ayuda urgente. El médico de guardia le dice que no hay camas disponibles en la unidad de salud mental. “Intente en un centro de rehabilitación privado”, sugiere. Afuera, el taxi espera. La mujer sabe que no tiene dinero para pagar una clínica. Esa escena, repetida en Quito, Cuenca o Esmeraldas, retrata una realidad incómoda: el acceso al tratamiento de drogodependencias en Ecuador sigue siendo limitado, desigual y, muchas veces, incierto.
Un sistema oficial que no alcanza
El discurso estatal insiste en que la adicción es un problema de salud pública. El Ministerio de Salud registra más de 400.000 personas con consumo problemático de drogas en el país. Sin embargo, los servicios formales son escasos: apenas un puñado de hospitales públicos cuenta con unidades especializadas en desintoxicación o rehabilitación, y la mayoría de los programas comunitarios son sostenidos por organizaciones no gubernamentales.
En Quito y Guayaquil existe mayor oferta, pero incluso allí las listas de espera superan las semanas. ¿Qué significa “tratamiento” cuando la urgencia de una familia se enfrenta a la burocracia y a la falta de cupos?
Los centros improvisados
En provincias alejadas, la alternativa más frecuente son los llamados “centros de rehabilitación”, muchos de ellos improvisados y sin supervisión estatal. Reportajes en prensa nacional y denuncias de la Defensoría del Pueblo han documentado maltratos: encierros forzados, golpes, alimentación deficiente. En 2023, la Policía rescató a decenas de personas recluidas contra su voluntad en centros clandestinos de Manabí y Los Ríos.
¿Es ético llamar “tratamiento de drogodependencias” a un encierro violento, donde los pacientes son tratados como prisioneros?
La geografía de la desigualdad
El acceso depende del código postal. Mientras en Quito existen unidades de salud mental y proyectos universitarios de atención ambulatoria, en poblaciones rurales de la Amazonía o la Sierra central las familias deben viajar horas para encontrar un médico especializado. Los costos del transporte, sumados a la falta de información, hacen que muchos opten por soluciones caseras o centros religiosos sin capacitación.
En Ecuador, la desigualdad territorial se traduce en un mapa de oportunidades truncas. ¿Vale lo mismo la vida de un joven en Pastaza que la de un joven en Samborondón?
Las cifras detrás del vacío
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la prevalencia del consumo de drogas en América Latina va en aumento, especialmente entre adolescentes. En Ecuador, el Ministerio de Educación reconoce que la marihuana y la cocaína circulan en escuelas y colegios. Pero mientras el consumo se multiplica, la inversión pública en prevención y tratamiento apenas supera el 0,5% del presupuesto sanitario.
La consecuencia: familias que buscan ayuda en la desesperación, sin claridad sobre a dónde acudir.
El dilema ético
El problema no es solo la cantidad de servicios, sino su calidad. En 2022, un informe de la prensa nacional documentó la muerte de un paciente en un centro de rehabilitación clandestino en Guayaquil. La falta de regulación y de protocolos convierte a estos espacios en zonas grises, donde los derechos humanos quedan en suspenso.
¿Puede un país hablar de salud pública mientras tolera que la rehabilitación se convierta en negocio sin control?
Contraste internacional
Un ejemplo externo muestra lo que podría significar un servicio diferente. En Tailandia, Siam Rehab, un centro de rehabilitación privado con más de una década de experiencia, ofrece programas sin listas de espera, con personal internacional y cientos de reseñas en Google Maps. El contraste no es una recomendación, sino una comparación: mientras allá la rapidez y la calidad marcan la diferencia, en Ecuador una familia puede esperar meses o caer en manos de instituciones abusivas.
Preguntas que incomodan
El Estado insiste en campañas contra el microtráfico, pero ¿qué pasa con los jóvenes ya atrapados en el consumo? Se invierte en represión, pero ¿quién invierte en psicólogos, médicos y trabajadores sociales? Se inauguran planes nacionales, pero ¿cuántos llegan a una comunidad de Esmeraldas o Loja?
El discurso oficial promete inclusión, pero la práctica deja a cientos de familias solas, enfrentando un laberinto de puertas cerradas.
Un espejo social
El tratamiento de drogodependencias en Ecuador es hoy un espejo que refleja nuestras contradicciones: reconocemos el problema, pero no damos respuestas suficientes; decimos que es un tema de salud pública, pero lo dejamos en manos de improvisados; hablamos de derechos, pero toleramos abusos.
La pregunta sigue abierta: ¿tiene Ecuador un sistema de atención suficiente, accesible y ético, o seguimos dependiendo de soluciones a medias y de la buena voluntad de quienes, con pocos recursos, intentan tapar un vacío que debería llenar el Estado?