Mario R. Pazmiño Silva
Quito, Ecuador
Los incidentes registrados en Otavalo durante el paro nacional de septiembre de 2025 —que incluyeron el incendio de vehículos policiales, el ataque con bazucas caseras contra efectivos de la Fuerza Pública, el allanamiento y destrucción a un Comando de Policía, el intento de derribar un helicóptero con artefacto explosivo— no pueden interpretarse como hechos aislados o fruto de la espontaneidad de la protesta. Por el contrario, se configuran como expresiones de estrategias insurreccionales modernas en las que confluyen actores sociales, organizaciones políticas radicalizadas y estructuras criminales transnacionales. Para comprender lo ocurrido resulta útil recurrir a dos marcos analíticos: las tácticas del Black Bloc y la lógica de la Revolución Molecular Disipada (RMD).
El Black Bloc no constituye una organización en sí misma, sino un método de acción colectiva que se reconoce por el uso del anonimato —encapuchados y vestidos de negro—la descentralización en células pequeñas y la selección de objetivos simbólicos del poder estatal. Su propósito es generar caos, proyectar vulnerabilidad institucional y deslegitimar la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el espacio público. En Otavalo, la quema vehículos policiales y el uso de armamento artesanal contra los uniformados son ejemplos claros de esta traducción táctica: ataques rápidos, con alto impacto simbólico, que buscan minar la moral de las fuerzas del orden. El asalto al Comando Policial e intento de derribo al helicóptero de la Fuerza Pública, responde a la misma lógica: neutralizar, aunque sea momentáneamente, los nodos de control territorial.
Paralelamente, la Revolución Molecular Disipada plantea que la desestabilización actual ya no se organiza en grandes movimientos centralizados, sino en múltiples núcleos dispersos que actúan de manera simultánea. Estos “moléculas” no requieren una dirección única para ser efectivas; basta con que multipliquen los focos de conflicto para saturar la capacidad de respuesta estatal. El esquema opera en fases: primero el escalamiento, con bloqueos y manifestaciones iniciales; luego el copamiento, mediante ataques a instituciones estratégicas como ocurrió en el incendio del Comando Policial; y finalmente la saturación, cuando los enfrentamientos se multiplican y desbordan cualquier intento de contención. En el caso de Otavalo, esta lógica se materializó en la combinación de protestas sociales con la infiltración de organizaciones delictivas como el Tren de Aragua de acuerdo a declaraciones del Ministro del Interior, cuya participación confirma la creciente convergencia entre criminalidad y violencia política.
La unión de estos dos modelos configura una estrategia híbrida que combina la técnica del Black Bloc —el anonimato, la confrontación directa y el ataque simbólico— con el marco estratégico de la RMD, basado en la dispersión y la saturación. A este binomio se suma el crimen organizado, que introduce un elemento de guerra irregular delictiva, incrementando tanto la violencia como el nivel de profesionalización de las acciones. El resultado es un caos planificado que pretende quebrar el orden público, mostrar al Estado como incapaz de controlar el territorio y, con ello, aumentar la percepción de ingobernabilidad entre la ciudadanía.
Lo sucedido en Otavalo debe entenderse entonces como parte de una estrategia coordinada de desestabilización, más que como una simple expresión de descontento social. Se trata de un escenario en el que se entrelazan tácticas de insurgencia urbana, lógica molecular de dispersión y la participación activa de redes criminales transnacionales. El desafío para el Estado radica en reconocer que enfrenta una nueva forma de conflicto asimétrico, donde se diluyen las fronteras entre protesta política, subversión, terrorismo urbano y delincuencia organizada.
La lección que dejan los acontecimientos en la ciudad de Otavalo es clara: sin una respuesta integral, preventiva y adaptativa, estos episodios tenderán a repetirse. Y con ello, se pondrá en serio riesgo no solo la seguridad nacional, sino también la estabilidad democrática del país.