El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sancionó a la asambleísta Mónica Palacios del movimiento correísta Revolución Ciudadana con suspensión sin remuneración por 90 días.
La sanción la interpuso la asambleísta Nataly Morillo (ADN) contra Palacios, luego de que ésta, en el marco de una sesión de la Comisión de Biodiversidad, imputara públicamente del delito de tráfico de influencias al presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals y una supuesta entrega de dinero a la Fundación Ana sin presentar pruebas que sustenten su supuesta denuncia.
Para la sanción, el CAL aplicó los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Como prueba para acusar a Placios, Morillo presentó certificaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Inclusión Social (MIES) que descartan donaciones, transferencias o vínculos económicos entre Noboa y Valbonesi y la empresa canadiense.
«No se trató de expresiones privadas, sino de un incidente proyectado hacia la opinión pública, generando un linchamiento mediático contra la Primera Dama, el Presidente y la Comisión», sostuvo la asambleísta oficialista.
Mientras tanto, Palacios sostuvo que actuó en el marco de sus funciones de fiscalización, sin incurrir en expresiones ofensivas ni violentas. Además, denunció vulneración a sus derechos como legisladora y madre lactante.
«La supuesta falta no puede analizarse sobre la base de juicios de valor a mis expresiones. Debe limitarse a establecer si provoqué instigación a la violencia, o si utilicé términos ofensivos o discriminatorios en sesión, lo cual no ocurrió«, manifestó la legisladora del correísmo.
Palacios en 2024 ya fue suspendida por 60 días, también sin sueldo, por acoso laboral en la Asamblea Nacional. (I)