Carlos Cobo Marengo
Guayaquil, Ecuador
Las empresas estatales autorizadas a ser monopolios públicos con privilegios para producir, vender u ofrecer un bien o servicio como son Petroecuador, CNEL o el IESS deben ser vistas con especial desconfianza por todos los ecuatorianos y por varias razones:
Primero, por la ausencia de competencia y precios de mercado, lo que elimina sus incentivos para mejorar, de esta forma se pierde el proceso que permite innovar y servir mejor a sus clientes.
En todo sector de la economía, la competencia es esencial tanto para proteger a los consumidores de cualquier abuso, como para fomentar que emprendedores prueben nuevas ideas, innoven, y busquen servir mejor a sus clientes. En cambio, una empresa o industria protegida rompe este proceso porque sabe que, a pesar de sus errores, estos estarán obligados a comprarle, destruyendo el proceso competitivo y limitando la libertad de elección de los ciudadanos.
Segundo, por un problema de cálculo económico, un monopolio carece de verdadera contabilidad y de estímulos para ser más productivo y eficiente disminuyendo sus costos o mejorando sus procesos, porque sin importar lo que hagan, saben que no enfrentarán perdidas ni quiebras, pueden sostenerse a base de subsidios e impuestos aunque brinden un mal servicio y presenten corrupción. Los funcionarios que dirigen monopolios no arriesgan su propio capital ni reciben beneficios directos por mejorar.
Y tercero, por intereses políticos, muchas veces sus precios y prioridades son fijados políticamente ya sea para ganar votos, sostener empleos o repartir favores, lo que no refleja las preferencias reales de la sociedad.
El verdadero problema en el mercado no es que exista una empresa grande o dominante, siempre y cuando exista libertad de entrada y salida de potenciales competidores; sino cuando el Estado otorga privilegios legales como licencias exclusivas, barreras regulatorias y otros privilegios que impiden la competencia y obligan a los consumidores a aceptar las condiciones que imponga dicho monopolio, incluso si el servicio es caro, ineficiente y de mala calidad.
Por lo que, en lugar de servir al consumidor, una empresa estatal solo se sirve a sí misma sin incentivos para mejorar. Se suele justificar el monopolio público con el argumento de que garantiza el acceso universal, pero la realidad es que esto solo se traduce en desabastecimiento, baja calidad y precios distorsionados.
La salida a todos estos inconvenientes es abrir todos los sectores incluyendo los mal llamados sectores estratégicos a la inversión privada en libre competencia, de modo que seamos los ecuatorianos quienes decidamos qué empresas nos ofrecen los servicios.