Dos hombres condenados a muerte por narcotráfico fueron ahorcados este miércoles en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual «récord» desde 2003.
La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que los acusados, de 64 y 50 años de edad y nacionalidad singapurense, fueron ejecutados hoy después del «debido proceso legal» y de que «estuvieran representados por un abogado durante el juicio y la apelación».
La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones.
Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más.
Las autoridades singapurenses llevaron a cabo las ejecuciones -con la horca como el método empleado en el país- cinco días después de que se conmemorase el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otra ejecución a un ciudadano malasio, acusado de importar 51,84 gramos de heroína a Singapur.
TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de covid-19.
Mientras la vecina Malasia abolió en julio de 2023 la pena de muerte obligatoria -hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como narcotráfico y terrorismo- y sustituyó la horca por penas de hasta 40 años de cárcel, la próspera y moderna Singapur mantiene el castigo con el mismo método.
La nación asiática contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos judiciales que ONG y activistas tachan de opacos.
Pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, Singapur ha ahorcado a 12 hombres, incluidos cuatro malasios, en lo que va de año, según el recuento público de la agencia antinarcórticos isleña.
Por su parte, ONG como TJC, que suelen recibir la información por parte de los familiares de los condenados, han registrado al menos 14 ejecuciones, y subrayan que las autoridades no informan de todos los casos y que se esperan más ahorcamientos. EFE (I)